: MUJERES CHILENAS MARCHAN EL 8 DE MARZO POR LAS CALLES DE LA CAPITAL

http://www.cronicadigital.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=14621

SANTIAGO DE CHILE, 25 DE FEBRERO, 2009 

: MUJERES CHILENAS MARCHAN EL 8 DE MARZO POR LAS CALLES DE LA CAPITAL Bajo el lema “Nosotras exigimos, nosotras decidimos” distintas organizaciones de mujeres del país convocaron para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a una marcha por la principal avenida de esta capital, La Alameda.     La caminata es a las 10 horas y parte desde la Estación Central y llegará hasta la Plaza Bulnes, a pocas cuadras del palacio de gobierno de La Moneda.   Según la convocatoria que es firmada por la Central Unitaria de Trabajadores, entre otras organizaciones de feminas, señala que  “la democracia sin las mujeres no es democracia. Este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha histórica que une a las mujeres de todo el mundo luchando por sus reivindicaciones, convocamos con fuerza de mujer a conquistar, defender y exigir nuestros derechos, avanzando a una sociedad más igualitaria, ética y justa. Hoy más que nunca, unidas en la diversidad, decimos: ¡Basta de discriminaciones, exclusiones y violencias contra las mujeres! “     Sostienen que Chile está inmerso en esta crisis neoliberal, acentuándose cada vez más la pobreza y la exclusión de la clase trabajadora. Las mujeres no estamos dispuestas ni debemos pagar sus costos.   Denuncian que la violencia contra las mujeres se recrudece. No se ha tipificado el femicidio como crimen de género, a pesar de que en Chile son asesinadas casi dos mujeres por semana, por el solo hecho de serlo. ”Continuamos ganando un 30% menos que el salario de los hombres por un mismo trabajo. Accedemos mayormente a trabajos precarios, a menudo sin contrato laboral ni prestaciones sociales. Tenemos una deficiente seguridad social y bajas pensiones.  Hoy se pretende legislar a través de la flexibilización, denunciamos  el robo de las AFP y la reforma al Código Laboral exigida por las organizaciones sindicales no ha sido implementada.. Por ello la pobreza tiene rostro de mujer”. Además, agregan que continuamos con la responsabilidad exclusiva de tareas domésticas y de crianza, con un costo enorme en nuestra salud mental y física. Para las mujeres no hay descanso. Sobre el aborto inducido, éste sigue penalizado, y las mujeres que abortan clandestinamente son denunciadas, maltratadas y encarceladas, lo que afecta sólo a las más pobres. ”La anticoncepción de emergencia nos ha sido negada por un fallo dictatorial del Tribunal Constitucional, a pesar del apoyo social mayoritario a su distribución. La libertad sexual no se respeta en Chile. Las mujeres lesbianas son perseguidas y acosadas, y la violencia sexual contra mujeres y niñas permanece impune”.   Las jóvenes son discriminadas de los servicios de salud sexual y reproductiva, y carecen de educación sexual laica y humanista y que la jerarquía de la Iglesia Católica, desconociendo la separación Iglesia-Estado, interviene en las políticas públicas, en especial, las que promueven los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Sobre las Isapres- sistema privado de salud- sigue cobrando el “impuesto al útero” en nuestra edad fértil, trasgrediendo nuestro derecho a la salud sexual y reproductiva. ”La Constitución de la dictadura militar continúa vigente, restringiendo gravemente el ejercicio de nuestras libertades y derechos. Aún no existe verdad y justicia respecto de las mujeres ejecutadas y detenidas desaparecidas en la dictadura”. Sobre el sistema político, “este nos excluye a todas, y el binominalismo es discriminatorio con las militantes de los partidos políticos mal llamados extraparlamentarios, y con las dirigentas sindicales y del movimiento social en general”. Denunciaron que el Estado chileno no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) ni ha adecuado la legislación nacional a los instrumentos internacionales de derechos humanos con los cuales se ha comprometido.   “Estas son algunas de las deudas históricas que cobraremos a quienes ostentan y buscan el poder. Con un trabajo articulado, queremos ampliar la democracia, exigir el respeto a las libertades y derechos individuales y colectivos de las mujeres todas. Y en esta lucha nos unimos a nuestras hermanas de América Latina y el Caribe, haciendo de la integración de los pueblos un muro de contención contra el sistema capitalista neoliberal y su crisis sistémica. El sistema capitalista neoliberal, explotador y depredador, ha desatado una crisis mundial de proporciones que castiga a la humanidad entera, destruye el medio ambiente, arriesga la seguridad alimentaria y debilita los sistemas democráticos. En su accionar, ha reforzado más que nunca la discriminación contra las mujeres, potenciando la violencia patriarcal sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos”, dice el comunicado de prensa.   Por lo anterior, y por todas nuestras demandas democráticas e históricas, hemos decidido marchar el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, realzando nuestras diferentes identidades y consignas, bajo un lema común. A partir de las 10.30 A.M., desde la  Estación Central hasta el Metro Los Héroes, ocuparemos el espacio público que nos pertenece.     Organizaciones y personas convocantes:   Central Unitaria de Trabajadores/as Red Chilena  contra la Violencia Doméstica y Sexual Movimiento pro Emancipación de la Mujer Chilena, MEMCH Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe La Ciudad de las Diosas Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos Mujeres del Partido Comunista de Chile Solidaridad y Organización Local Marcha Mundial de Mujeres-Chile Amnistía Internacional-Equipo Derechos Humanos de las Mujeres Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI Asamblea  de Mujeres Cristianas de Izquierda Mujeres del Partido Socialista Juventudes Comunistas Asociación Nacional Trabajadores del INP ANATRINP Comité Sindical de Mujeres Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF Conspirando Sindicato Arzobispado Sol- Red Chilena Sindicato de Trabajadores Universidad Diego Portales Mujeres del Partido Demócrata Cristiano Mujeres al Microfono

La Concertación podría fracasar en las elecciones 2009 si Piñera toma la batuta en DD.HH

http://elmapocho.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=1064&Itemid=35

La Concertación podría fracasar en las elecciones 2009 si Piñera toma la batuta en DD.HH

Camarón que se duerme por 18 años, termina por llevárselo la corriente.

EL MAPOCHO, martes 24 de febrero de 2009

Derechos humanos, un tema que ha sido archi manoseado y utilizado por los gobiernos de la Concertación, pero nunca solucionados de acuerdo a los tratados y convenios internacionales, podrian tener un vuelco favorable si el candidato de la Alianza RN-UDI, Sebastian Piñera, decidiera desafiarlos públicamente a darles una solución definitiva, en justicia y reparación justa, a las victimas de Prisión Política y Tortura.

Si duda alguna que bajo esta nueva figura en derechos humanos que podría generarse en la carrera presidencial a La Moneda, podría traer cuantiosas, por no decir mayúsculas, perdidas electorales a la ya alicaída Concertación.

A continuación, diario El Mapocho publica un comentario del editor del sitio web de la Unión de Ex Prisioneros Políticos y Torturados, Nicolás Vega, www.unexpp.cl.

Comentario

En cuanto a las reparaciones a los Ex PP., a nadie de los politicos de la Concertación, le interesa hablar y actuar de acuerdo a las exigencias perentorias de la Convención contra la Tortura, en orden a reparar en forma justa y adecuada a las víctimas de la dictadura. (Art. 14 de la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes).

¿Qué pasaría, si de un día para otro el candidato Piñera, consecuente con la audacia que le conocemos para tomar decisiones pragmáticas, decidiera AHORA MISMO DESAFIAR al gobierno (comprometiendo a los partidos y parlamentarios que lo postulan como candidato presidencial) a solucionar de inmediato el problema de las reparaciones justas y adecuadas o incluyera  en su programa Presidencial (cueste lo que costare) la solución (económica) definitiva y satisfactoria de un problema no asumido por los gobiernos Post-Dictadura (Concertación) ?

Piñera, sencillamente, pasaría a la Historia como un  hombre capaz de enfrentar el pasado; de aceptar la responsabilidad política de ese pasado y de  ayudar a abrir las "anchas alamedas" de la tan cacareada reconciliación nacional.

Parafraseando al Abogado Víctor Rosas, Vice-Presidente de la ONG - Unión de ex Prisioneros Políticos de Chile, afirmamos que a los desaparecidos, no los vamos a hacer volver a este mundo, ni a los muertos no los vamos a resucitar -aunque se deberá seguir luchando por la justicia, la condena efectiva a los asesinos, etc,-  es importante también que los sobrevivientes -los ex prisioneros políticos que aún están vivos- , las viudas (o viudos) de los ex prisioneros políticos ya muertos, no se sigan -literalmente- muriendo de hambre; los destinos y los proyecto de vida destruídos deben ser justamente reparados porque las reparaciones "simbólicas" (de Ricardo Lagos) no llenan el plato de comida.

Todos ellos deben ser indemnizados de una vez. Eso es lo que debe entender la clase política. Veremos qué candidato presidencial asume el desafío…

La entrevista a la H. Diputada Rubilar ( cuyo extracto reproducimos) da un indicio de que lo que, perfectamente puede ocurrir: que el candidato mencionado desate un terremoto político, al quitarle la bandera de los DD.HH a los que creen poseerla por derecho propio.

Y ello si ocurriera?….. !………Qué bochorno para 4 Presidentes de la Concertación……!


Nicolás Vega A, editor de la www.unexpp.cl

(Extracto de entrevista a diputada Rubilar)


¿Ves en alguna manera afectada tu imagen dentro del partido?


No sé. Yo estoy como súper agradecida de RN porque yo me doy cuenta que valoran mi compromiso con los DD.HH. a pesar de que este es un tema en el que nadie se quiere meter porque yo siento que este tema no le importa a nadie. Cuando tú ves las encuestas y ves que a un porcentaje muy bajo de la población, 2% le importa este tema eso es una realidad. No es un tema trascendental.

Pero es un tema que influye en períodos de elecciones…
No lo es para la alianza. Para ellos no es un tema. O sea a nadie le importa en realidad. A la Concertación tampoco. A mi sí y mucho.

Sin embargo, se tiende a vincular a la gente de la derecha con las violaciones a los DD.HH. ¿No hay ganas de limpiar esto?


Yo siento que para un parlamentario de derecha no es trascendental, porque el basa su base electoral en la Alianza. Para el presidente podría ser

¿O sea para Piñera si lo querrían limpiar? ¿Sentiste que se desvinculó de tu caso para no ensuciarse?


Yo me sentí súper apoyada por Sebastián. Sobretodo porque el tema del aprovechamiento político con él tema vino desde La Moneda. Todos terminaron hablando de Sebastián y ellos declararon que el tema no eran los DD.HH., ni las víctimas, sino Sebastián. Y frente a esa persecución y utilización política brutal, que Sebastián haya mantenido su apoyo para mi fue súper fuerte y estoy súper agradecida.

Pero Él dijo que nunca respaldó los casos…


Pero si eso es verdad. El dijo no conocer nunca los detalles de los casos y eso fue así porque nadie los conoció. En La Moneda fueron los primeros en saberlo pero nadie mas que ellos.

¿Pero no crees que Piñera fue poco enérgico con el tema?


Yo creo que a él le complicó fue el sufrimiento de las familias. Obviamente eso fue. Era un tema de que al final los nombres eran casos que hacían sufrir a personas. Eso fue lo que lo complicó.

Bajo esta lógica, ¿tú crees que si Piñera sale electo, va a tener la misma "sensibilidad" en tratar estos temas? ¿Cómo crees tú que se trataría este tema dentro de un Gobierno de derecha?


O sea, Piñera tiene su propia comisión de DD.HH. en Tantauco. Y uno de los temas que ahí se vio fue el tema de las violaciones políticas. Piñera tiene toda una visión política a futuro con este tema, con como se llevan los DD.HH. hoy, con la gente común y corriente, cosas que de repente no tienen que ver con violencia política, pero uno de los temas que él mismo puso en una de las reuniones en Tantauco fue el de los DD.HH, el tema de las reparaciones pendientes.

Pero este ahora va a ser un tema importante…


Claramente, ponte tú que pasa con los exonerados y sus temas económicos. Con las viudas y viudos de prisioneros políticos que siguen todos los años peregrinando para que les pasen las pensiones de sus maridos fallecidos. Con los hijos y sus becas…

Esa misma gente que hoy tiene miedo que un Gobierno de Piñera deje de lado el tema de los DD.HH. Incluso hay algunos sectores pidiendo una subsecretaria…


Yo creo que la agrupación de Detenidos Desaparecidos tiene ese miedo pero yo diría que hay bastantes otras agrupaciones de violencia política que tienen que ver con exonerados, torturados, retornados que no ven con tan malos ojos un Gobierno de Sebastián porque sienten que no han sido prioridad en estos Gobiernos. Gente que considera que el tema ha sido utilizado políticamente por los Gobiernos de la Concertación y que ellos quieren de verdad que se solucionen sus peticiones. Yo creo que este tema no ha sido prioritario como se ha tratado de transmitir.

Niegan trato discriminatorio a dirigente de los DD.HH.

06=21_02_2009.jpg

http://www.laprensaaustral.cl/lpa/noticia.asp?id=33049

 

HOSPITAL NAVAL

Niegan trato discriminatorio a dirigente de los DD.HH.

- La III Zona Naval lamentó la denuncia que formuló Manuel Aguilante.

 

El hospital Naval se mostró sorprendido por la declaración pública que realizó el presidente de la Agrupación de Derechos Humanos Salvador Allende, Manuel Aguilante, quien acusó a dicho recinto de haberlo sometido a un trato discriminatorio al obligarlo a sacarse el cartel que suele portar con la fotografía de un detenido desaparecido.

Aguilante concurrió en la víspera a dicho hospital para ser atendido en virtud de que es beneficiario del Programa de Reparación Integral de Salud y Derechos Humanos (Prais).

El jefe de Relaciones Públicas de la III Zona Naval, capitán de fragata Mauricio Velásquez, respondió las acusaciones de Aguilante y aseguró que nunca hubo discriminación, por lo mismo, negó que se le pidiera quitarse el cartel.

La versión que dio el Hospital Naval dista mucho de la que entregó el dirigente de Derechos Humanos.

Según Aguilante, él concurrió al recinto médico para realizarse una audiometría. Indicó que la funcionaria que lo atendió, y que identificó como Mabel Calvo, le habría exigido que se sacara el cartel del detenido desaparecido, Francisco Betancourt, que portaba, o no le haría el examen.

Aguilante declaró que esta actitud no será aceptada por ningún dirigente de organizaciones de Derechos Humanos y llamó a las autoridades del Hospital Naval a emitir una declaración pública, asegurando que las prácticas de la dictadura han terminado.

Velázquez, en cambio, sostuvo que Aguilante llegó por recomendación de su médico tratante a realizarse el examen con la tecnóloga médica, que trabaja en distintos recintos, además del Hospital Naval. Explicó que la funcionaria le pidió que siguiera el conducto regular, debido a que no pidió hora.

El capitán de fragata lamentó la actitud de Aguilante y enfatizó que la exigencia, de seguir el conducto regular que se le hizo al dirigente de DD.HH., habría sido la misma si se tratara de un marino.

Jueza pidió informe sobre los Soto Peredo-Cabrera

El informe que la policía civil pueda enviar a la jueza tendría como base el preparado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior. Foto: Upi 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090218/pags/20090218223252.html

 

Jueves 19 de febrero de 2009

 

Por Jorge Escalante / La Nación

Ministra Valdovinos indaga sobre las últimas víctimas de la dictadura mal calificada

 

Jueza pidió informe sobre los Soto Peredo-Cabrera

 

Los casos de Gustavo y Rubén Soto resultaron ser historias tan sorprendentes como varias de las hasta ahora siete víctimas erróneamente reconocidas como tales por organismos del Estado.

 

La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Amanda Valdovinos, requirió a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones un informe acerca de los erróneamente calificados como detenidos desaparecidos por la Comisión Rettig, Gustavo Edmundo Soto Peredo y su supuesto hijo Rubén Simón Soto Cabrera.

La magistrada reemplaza al juez de esa misma corte Carlos Gajardo en estas tareas indagatorias sobre víctimas de la dictadura mal calificadas por el Estado. En total se han confirmado siete.

El informe que la policía civil pueda enviar a la jueza tendría como base el preparado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior.

Hasta ahora el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sólo inició acciones penales en contra del primer mal calificado, Germán Cofré Martínez. Éste reapareció en Santiago en noviembre de 2008, 34 años después de salir a la ciudad de Mendoza, Argentina, en busca de un mejor horizonte económico. Cofré es hasta la fecha la única víctima mal calificada como desaparecida, que reapareció vivo.

La historia de los Soto Peredo-Cabrera es tan sorprendente como otros de los siete casos descubiertos hasta el momento.

Una mujer, María Cabrera Silva, se hace pasar por conviviente de Soto Peredo. Va primero a la Vicaría de la Solidaridad a denunciar su desaparición en septiembre de 1973, inventando incluso su detención en el Estado Nacional y su traslado al Estadio Chile, donde asesinaron al cantautor Víctor Jara.

Después, en 1990, declaró ante la Comisión Rettig lo mismo, agregándose esta vez también como desaparecido al supuesto hijo Rubén Soto Cabrera, lo que fue avalado en declaración jurada por la hija de María, Patricia Soto Cabrera.

Tan convincentes resultan ser los antecedentes presentados, que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig por quien la presidió, el abogado radical Raúl Rettig, calificó a ambos como víctimas de agentes del Estado. María Cabrera resultó, sin embargo, ser la cuñada de Soto Peredo, quien no era tal militante comunista, zapatero y dirigente poblacional, sino un delincuente prontuariado quien, según su autopsia, murió el 18 de agosto de 1973, un mes antes del golpe militar, de una estocada al corazón.

Entrevistada a comienzos de febrero la familia de Soto Peredo, confirmó que éste fue un delincuente que finalmente "murió en su ley", como lo declaró Ana Luisa Salfate, hija de Luisa, hermana de Soto Peredo.

La hija de María Cabrera, Jacqueline, entrevistada la semana pasada por autoridades del Ministerio de Interior, reconoció que mintió a la Comisión Rettig sobre ambos casos, instada a ello por su madre fallecida en 1995.

De todo este intrincado cuento, el único que se benefició con alguna reparación monetaria del Estado fue Rosendo Soto Salfate, quien en 2005 recibió un bono de 10 millones de pesos. Hasta su muerte, María Cabrera nunca realizó gestiones para cobrar algún beneficio. Del supuesto hijo Rubén nunca se ubicó su paradero.

 

 

 

Informe FFAA

 

Pero Gustavo Soto Peredo ocupó el número 25 en la lista de 200 nombres de víctimas reconocidas por las Fuerzas Armadas en el informe del 5 de enero de 2001, emanado de la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos de 2000.

Allí aparece como militante comunista, detenido el 13 de septiembre de 1973, y cuya muerte tiene fecha tres días más tarde. Como lugar de detención, el informe dio el Estadio Nacional, y como destino de su cuerpo el Servicio Médico Legal (SML). Vale decir, al igual que otros casos, las FFAA copiaron la información del Informe Rettig.

A su vez, el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, lo incluyó en su libro “Verdad Histórica, el Ejército Guerrillero”, como miembro de esta supuesta fuerza paramilitar.

MIREYA GARCÍA DE LA AFDD TRAS SUPUESTOS DICHOS IRÓNICOS DE BERLUSCONI: “ES UN BOCHORNO”

http://www.terra.cl/actualidad/index.cfm?id_cat=302&id_reg=1125241

 

Primer ministro italiano

 

MIREYA GARCÍA DE LA AFDD TRAS SUPUESTOS DICHOS IRÓNICOS DE BERLUSCONI: “ES UN BOCHORNO”

 

El mandatario habría dicho que la operación de la dictadura argentina denominada los “vuelos de la muerte” "Eran bellas jornadas, los hacían descender de los aviones". Esta situación provocó la preocupación y malestar del gobierno de Cristina Fernández. (Terra.cl)

 

SANTIAGO, febrero 19.- Como un “bochorno” calificó la secretaria general de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, los supuestos dichos del primer ministro Silvio Berlusconi, quien ironizó con los “vuelos de la muerte” que realizaba la dictadura argentina.amn

 

"Eran bellas jornadas, los hacían descender de los aviones", habría dicho el líder italiano aludiendo a los desaparecidos durante la última dictadura del vecino país (1976- 1983) en un discurso que pronunció en la ciudad de Cagliari. Esta situación provocó que el gobierno de Cristina Fernández manifestara su preocupación y malestar y citara al embajador italiano en buenos Aires para aclarar la situación.

 

“Yo creo que nadie menos un estadista, un jefe de Estado, un político, una persona que tenga algún grado de injerencia en la sociedad puede referirse irónicamente a ningún aspecto de la situación represiva vivida en Latinoamérica y mucho menos a los vuelos de la muerte que significaron asesinatos de personas”, señaló a Terra.cl la dirigenta nacional.

 

Asimismo, Mireya García respaldó la actitud del gobierno argentino frente al tema sosteniendo que se trata de “una buena señal” frente a situaciones similares.

 

“Es altamente reprochable lo que él (Berlusconi) ha señalado y me parece que el gobierno argentino está tomando las medidas que corresponden, me alegra que el gobierno argentino se involucre en una situación como ésta (…) los gobiernos no pueden permanecer ajenos a lo que fue la represión”, sentenció la secretaria general de la AFDD.

 

FALSOS DETENIDOS DESAPARECIDOS

 

En tanto, Mireya García respaldó a la ministra en visita (s) del caso de los falsos detenidos desaparecidos, Amanda Valdovinos, quien este miércoles amplió la orden indagatoria a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) para que le entreguen un detallado informe de dos casos reconocidos por el gobierno como simulaciones.

 

“Todas las medidas que se tomen desde la justicia y el Consejo de Defensa del Estado para calificar estos casos, y para poner en orden lo que nunca debió estar desordenado, son medidas buenas y que corresponden”, puntualizó García.

 

 

 

Derechos Reservados Terra Networks Chile S.A

CDE se querellará por otro falso detenido desaparecido

http://diario.elmercurio.com/2009/02/18/nacional/politica/noticias/1B5F0DF0-9541-4825-8792-5716E28EEA2B.htm?id={1B5F0DF0-9541-4825-8792-5716E28EEA2B}

 

Fraude al fisco:

CDE se querellará por otro falso detenido desaparecido

 

Además desecharon iniciar acciones judiciales en otros dos casos.

 

CINTHYA CARVAJAL

 

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querellará en contra de otro de los siete falsos detenidos desaparecidos, por el delito de fraude al fisco.

 

Se trata de Carlos Rojas Campos, cuya familia recibió beneficios reparatorios, hasta que se supo que vivía en Buenos Aires.

 

El organismo, además, desechó iniciar acciones judiciales por el caso de Edgardo Iván Palacios, un indigente que su familia no sabía que se encontraba vivo, y no recibieron beneficios.

 

Tampoco se querellarán por el caso de Emperatriz del Tránsito Villagra, quien falleció en 1955, en el Hospital Barros Luco, por una complicación al momento del parto, porque no hubo beneficios ni una intención de defraudación.

 

El CDE hasta ahora sólo se ha querellado por fraude en contra del primer falso detenido desaparecido, Germán Cofré Martínez. En marzo, revisarán los últimos tres casos.

Gobierno afirma que comisiones Rettig y Valech no serán reabiertas

http://www.radio.uchile.cl/notas.aspx?idNota=50721

 

Gobierno afirma que comisiones Rettig y Valech no serán reabiertas

Publicado el 16 Feb 2009

El gobierno anunció que no se reabrirán las comisiones Rettig y Valech, como solicitaron organismos de derechos humanos, luego de conocerse siete casos de detenidos desaparecidos falsos.

Según indicó el ministro del Interior subrogante, Patricio Rosende, la decisión fue adoptada para preservar la validez de ambas instancias y la verdad histórica que establecieron.

“No vamos a recalificar los casos conocidos en su oportunidad por la comisión Rettig y Valech, porque nos parece que no corresponde. Pero sí vamos a abrir los plazos para que todas aquellas familias que no lograron reunir los antecedentes ni convencer a las comisiones respecto a la situación de sus familiares, puedan hacerlo”, explicó Rosende.

El ministro subrogante agregó que en el único punto que no concuerdan el gobierno con los organismos de derechos humanos es en la calificación permanente que realizará el Instituto del ramo, que busca ser aprobado en el Parlamento, pese a la negativa de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la de Ejecutados Políticos sobre su creación en las actuales condiciones.

Esto, ya que estiman que la única forma de establecer un marco jurídico serio, que asuma el tema de los derechos humanos en su integridad, es a través de una subsecretaría que dependa del Ministerio del Interior y tenga atribuciones para perseguir penalmente a los responsables de los atropellos cometidos en dictadura, algo que como está planteado en el proyecto del organismo, no podrá realizar.

Gobierno decide remodelar el memorial de detenidos desaparecidos

http://www.latercera.com/contenido/674_101746_9.shtml

Gobierno decide remodelar el memorial de detenidos desaparecidos

 

Con pintura blanca las agrupaciones de DD.HH. borraron provisoriamente a las falsas víctimas del memorial en el Cementerio General de Santiago.

 

por José Miguel Wilson | 15/02/2009 - 10:04

 

En diciembre pasado, tras la confirmación de nuevos casos de personas mal calificadas como detenidas desaparecidas, el ministro Francisco Vidal recibió en La Moneda a organizaciones de DD.HH., las que expresaron su molestia por la seguidilla de episodios que no habían sido alertados oportunamente por el gobierno.

Sin embargo, como gesto de desagravio, Vidal se comprometió a restaurar el memorial del Cementerio General, para eliminar los nombres mal calificados como víctimas del régimen militar.

La medida había sido pedida encarecidamente por la directiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que consideraba que los errores surgidos en la Comisión de Verdad y Reconciliación (Rettig) y de la instancia posterior, la Comisión de Reparación y Reconciliación, eran una responsabilidad del Estado.

En esa línea, la remodelación del memorial, que será dividido en dos fases, fue adjudicada esta semana a la firma Arquitectos Ugarte- Rodríguez, Asociados.

Esta oficina se ha caracterizado por el uso de cobre en sus trabajos y registra consultorías realizadas en los ministerios de Vivienda y de Obras Públicas. También se ha adjudicado tareas en torno a Obras Bicentenario, como los estudios para rehabilitar el casco histórico de Arica y el diseño urbano del proyecto "Circuito turístico mercado y Barrio El Morro", de Iquique.

Encargados de la remodelación del memorial comentan que las faenas comenzarán en los próximos días y que la primera etapa  consistirá en reemplazar y regrabar las placas donde figuran los falsos desaparecidos. Para calzar los nombres se realizará una rediagramación de los listados y en la obra trabajarán cerca de 12 personas, incluyendo a un arquitecto y un diseñador gráfico.

Los trabajos costarán cerca de 4,4 millones de pesos y serán financiados con el presupuesto del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

El tema de los falsos desaparecidos es una materia que irrita particularmente a los familiares. A inicios de enero, las organizaciones de DD.HH. decidieron borrar con pintura blanca los nombres de las falsas víctimas, que suman siete casos desde que, en noviembre, se detectara el caso de Germán Cofré (en la foto a la izquierda). Actualmente, hay 3.195 personas calificadas como víctimas, incluyendo a  los muertos por hechos de violencia política o por actos terroristas.

Sin embargo, en el memorial del Cementerio General, construido en 1993, sólo figuran los detenidos desaparecidos y los ejecuta-dos políticos.

El Gobierno de Chile no prevé revisar la totalidad de los informes de las víctimas de la dictadura

La Comisión Rettig documentó en 1991 los casos de ejecutados y desaparecidos políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), mientras que la Comisión Valech investigó en 2003 los casos de los torturados y presos políticos. EFE/Archivo(EFE) 

http://www.soitu.es/soitu/2009/02/15/info/1234715550_144726.html?id=340efaf0f5e473cf9687daebc1c0dcee&tm=1234721555

 

El Gobierno de Chile no prevé revisar la totalidad de los informes de las víctimas de la dictadura

 

EFE

Actualizado 15-02-2009 17:32 CET

 

Santiago de Chile.-  El Gobierno chileno no es partidario de revisar la totalidad de los informes Rettig y Valech sobre víctimas de la dictadura chilena, según dijo el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, en una entrevista que publica hoy el diario La Nación.

Rosende se mostró contrario a revisar todos los datos de esos informes para no "poner en tela de juicio el conjunto de ese trabajo", si bien reiteró la voluntad del Gobierno de "reabrir las comisiones para calificar nuevos casos y revisar lo que haya que revisar".

La Asociación de Víctimas de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) pidió esta semana reabrir los informes sobre violaciones a los derechos humanos después de que en los últimos tres meses se detectaran siete casos de falsos represaliados.

La Comisión Rettig documentó en 1991 los casos de ejecutados y desaparecidos políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), mientras que la Comisión Valech investigó en 2003 los casos de los torturados y presos políticos.

Preguntado por la posibilidad de comprobar todos los datos de esos documentos, Rosende afirmó que "no corresponde revisar, porque el trabajo que se hizo en ambas comisiones obedeció a una realidad y se estableció (...) una verdad histórica incuestionable".

"Cuando usted anuncia que hará una revisión total, está poniendo en tela de juicio el conjunto de ese trabajo. Hasta la misma gente de derecha ha dicho que el trabajo que se hizo es impecable, serio y que dio cuenta de las violaciones a los derechos humanos", afirmó.

El subsecretario aclaró que "el Gobierno no tiene facultades para revisar el trabajo de estas comisiones", ya que la ley sólo le faculta a prestar asistencia social y jurídica y a custodiar los expedientes y la información que utilizaron esas comisiones.

Asimismo, apuntó que esas comisiones se enfrentaron tanto al "ocultamiento de información y poca colaboración" de los represores como al "susto" de aquellos que no se atrevieron a denunciar, y admitió que "hoy también es difícil reunir más información".

“No revisaremos los informes Rettig y Valech”

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090214/pags/20090214184849.html

Domingo 15 de febrero de 2009

 

Por Libio Pérez / La Nación Domingo

Patricio Rosende, subsecretario del Interior

“No revisaremos los informes Rettig y Valech”

El Gobierno quiere preservar la legitimidad de los informes que oficializaron los crímenes de la dictadura. Su decisión es política, aunque tampoco tiene facultades para investigar los antecedentes recopilados. Los siete casos de falsos detenidos desaparecidos están en manos de la justicia. Ahora el Ejecutivo quiere aprobar pronto el Instituto de Derechos Humanos para reabrir la calificación de nuevos casos de atropellos.

 

El jueves, Patricio Rosende, que estaba como ministro subrogante del Interior, confirmó dos nuevos casos de falsos detenidos desaparecidos, los que ya suman siete. Una parte ínfima ante el volumen total de víctimas de violaciones de los derechos humanos ocurridos durante el régimen militar, pero no por ello menos "duro", admite el abogado.

Le ha correspondido recibir las denuncias y encabezar la investigación administrativa para dar con los antecedentes, como los de Gustavo Soto Peredo, que murió antes del golpe, y el de su hijo, del cual ni siquiera hay datos de dónde está, vivo o muerto. Como sea, ambos no corresponden a la calificación de víctimas de la represión.

Pero hay una "verdad histórica irrefutable", dice Rosende, que no puede ser desvirtuada por estos casos falsos que comenzaron a aparecer en diciembre, cuando el Gobierno derivó los antecedentes a la justicia. Rosende explica que el Gobierno no tiene facultades para "revisar" o "chequear" el trabajo que realizaron las comisiones Rettig y Valech, que investigaron los crímenes de la dictadura. Pero la decisión del Gobierno es sobre todo política: volver sobre los informes de alguna manera significaría deslegitimarlos. Menos, como dice el subsecretario de Interior, cuando la derecha ha confirmado la seriedad de las investigaciones.

-¿Cómo ha sido este proceso de verificación de casos falsos de detenidos desaparecidos?

-Ha sido un tema muy duro en lo personal. Con esta situación uno logra confirmar, más allá de la existencia de estos casos de falsos detenidos desaparecidos, la brutalidad con la que se actuó en la época. Estos crímenes se cometieron con el objetivo explícito de impedir su investigación, de impedir que se encontraran los cuerpos de las víctimas. Eso fue avalado por una conspiración del silencio con respaldo militar y político. Eso lo hace una situación compleja y muchos de estos casos son producto de ese ocultamiento, ahí está la operación "Retiro de televisores". Uno puede hacer una lista de las enormes dificultades que tuvo la Comisión Rettig para llegar al fondo de las denuncias que recibió. Hubo ocultamiento de información y poca colaboración. Además había susto, mucha gente no se atrevió a hacer denuncias de casos; por eso estoy convencido que son muchas más las violaciones de los derechos humanos que no están calificadas.

-¿Por eso es necesario reabrir las comisiones Rettig y Valech?

-En el proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos el Gobierno planteó la reapertura de ambas comisiones y eso está en el debate parlamentario.

-Las agrupaciones humanitarias plantean una instancia más permanente que recoja esta información, entre otras cosas, porque estiman que el período de ambas comisiones fue insuficiente...

-No fue por el tiempo que duraron las comisiones que no se avanzó más, sino porque para los comisionados no fue posible formarse convicción en base a los antecedentes que se reunieron. Hoy también es difícil reunir más información, pero no por un problema de tiempo. Lo que importa es que se ha manifestado la decisión política del Gobierno de reabrir las comisiones para calificar nuevos casos y -si hay nuevos antecedentes- revisar lo que haya que revisar. Para el Gobierno, tan importante como la reapertura de las comisiones es la aprobación del Instituto de Derechos Humanos, porque con eso instalamos una institucionalidad que es muy necesaria. Cada vez que ocurren estos casos uno se da cuenta que una entidad como ésta es necesaria; creo que las agrupaciones se han equivocado en el diagnóstico que han hecho del Instituto.

-¿Cómo encaja el Plan de Derechos Humanos que debería estar en octubre y que busca adecuar la legislación nacional a los convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por Chile?

-Ese es un trabajo que se viene haciendo hace tiempo; el anuncio lo hizo el ministro de la Presidencia José Antonio Viera-Gallo y fijó los plazos. Chile aspira a integrarse a organismos internacionales sobre derechos humanos. Tal vez es razonable la crítica que se hace de que estamos atrasados en estas materias, porque hemos estado dedicados a las investigaciones de casos como éstos y no nos hemos podido desprender de esta situación, porque mientras no encontremos al último detenido desaparecido será imposible desprenderse de esta historia. Este plan requiere de una institucionalidad que se haga cargo de la globalidad de los derechos humanos, y ese es el Instituto, que está en la agenda legislativa y que podrá ser votado apenas haya espacio para ponerlo en tabla.

-¿Qué tan distinto es este caso de Gustavo Soto Peredo, que incluso murió en un accidente antes del golpe militar del ’73, a los denunciados anteriormente?

-No es tan distinto. Acá hubo una persona que mintió, construyó una realidad inexistente y que la mantuvo durante quince años ante la Vicaría de la Solidaridad y ante la Comisión Rettig, con una historia muy consistente. No hubo posibilidad ni de sospechar siquiera de que estábamos frente a una situación de engaño, porque posteriormente lo confirmó el Ejército.

-¿Pero además se agrega el caso del hijo de esta persona, que también es denunciado como detenido desaparecido?

-La señora María Cabrera Silva, que es la persona que compareció ante la Vicaría y la Comisión Rettig, que dijo ser conviviente de Gustavo Soto Peredo, construyó este caso involucrando también a su hija que atestiguó ante la Comisión Rettig. Ahí declaró que además había desaparecido su hermano, Rubén Simón. Para la comisión todo era coherente, no era el primer caso en que varios familiares desaparecen en circunstancias similares, no había registro de defunción ni noticias de su paradero. A la comisión le pareció plausible este caso tan similar a tantos otros.

-¿Pero existe Rubén Simón Soto?

-Hay una inscripción de nacimiento, pero no hemos podido dar con el paradero de él. Nunca pidió carné de identidad, no tiene inscripción electoral, tampoco registra salidas del país, no hay más antecedentes. La investigación administrativa que podemos hacer no puede ir más allá de eso, por eso lo que corresponde es una investigación judicial más de fondo.

-Eso ya está en curso...

-Sí, pedimos un ministro en visita cuando parecieron los primeros casos en diciembre, la Corte designó al juez Carlos Gajardo, que ahora está de vacaciones, y ahora lo está viendo la jueza Amanda Valdovinos hasta marzo. Estos casos tienen que estar en manos de un mismo juez.

-¿Está previsto volver a chequear toda la información consignada en los informes Rettig y Valech?

-No corresponde revisar, porque el trabajo que se hizo en ambas comisiones obedeció a una realidad y se estableció -así lo entiende el Gobierno- una verdad histórica incuestionable, de un valor moral que nadie puede poner en duda. Cuando usted anuncia que hará una revisión total, está poniendo en tela de juicio el conjunto de ese trabajo. Hasta la misma gente de derecha ha dicho que el trabajo que se hizo es impecable, serio y que dio cuenta de las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. Además, el Gobierno no tiene facultades para revisar el trabajo de estas comisiones. La ley sólo nos faculta a prestar asistencia social y jurídica a los familiares de las víctimas, y a ser los custodios de los expedientes y antecedentes que las comisiones conocieron. No tenemos facultades para iniciar procesos investigativos, salvo las investigaciones administrativas que podemos realizar ante denuncias precisas, que en la mayoría de los casos presentados terminan descartados.

-La diputada RN Karla Rubilar dijo hace unos días que tenía nuevos casos, ¿los ha informado?

-No. Parece que hay gente muy interesada en denunciar falsos casos, pero a mí me gustaría que tengan el mismo ímpetu para entregar información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. Nunca hemos recibido antecedentes para avanzar en esa investigación.

Ley Antiterrorista

-La destituida abogada de la Intendencia de la Araucanía Alicia Guzmán ha dicho que no existe un instructivo escrito que diga que debe ser invocada la Ley Antiterrorista, pero que entiende que esa es la conducta que orienta al Gobierno, ¿cuál es en definitiva la posición gubernamental?

-La Ley Antiterrorista está vigente, se aplica en todos aquellos casos en que la instancia judicial competente se forma la convicción de que se ha producido un hecho de esas características. En el sistema judicial chileno a quien le corresponde hacer esas calificaciones es al Ministerio Público, que es una entidad autónoma, formaliza y persigue las responsabilidades criminales. El Ministerio Público formalizó hace unos días a una persona por delitos de la Ley Antiterrorista y está muy bien si llegó a la convicción que debía hacerlo. Otra cosa es la demanda insistente y mediática de que hay que aplicar la Ley Antiterrorista a lo que se ha denominado el conflicto mapuche. Nosotros decimos que ante la demanda de este pueblo por sus tierras ancestrales, el Estado de Chile tiene una política clara que va por el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, integración a la vida nacional y la superación de la pobreza, ese es el llamado conflicto mapuche. Hay 1.200 comunidades indígenas y en sólo quince hay problemas. Cuando haya una situación en que tengamos antecedentes que ha habido un comportamiento terrorista, donde la persona imputada sea mapuche, huinca o sueca, la Ley Antiterrorista será aplicada.//LND

“Percibimos más violencia en la actividad delictual”

-¿Cómo explica que esta semana de nuevo efectivos policiales están involucrados en delitos, esta vez con el robo de drogas incautadas?

-La PDI en los últimos 20 años ha tenido un proceso de modernización y profesionalización como pocas instituciones. Casos como éste ántes se habrían ocultado. Hoy la PDI mediante los controles internos propios, detectó un comportamiento delictual. Esto no fue por una denuncia externa o porque haya sido sorpresivo. La policía detuvo a los funcionarios y la propia PDI informó a la opinión pública. Esa es una demostración de transparencia muy importante y necesaria.

-Es cierto, las propias policías han descubierto los delitos de sus funcionarios, pero algo está fallando, ¿hay problemas en la selección de personal, en la instrucción...

-Hay que entender que la labor propia de la policía es trabajar en el mundo del delito. Su rol consiste en infiltrar a las organizaciones criminales para desbaratarlas. En esa actividad siempre es posible la tentación del dinero fácil. Por eso hay que valorar la acción proactiva de la policía de apartar las manzanas podridas del cajón.

-¿Cuál es la preocupación prioritaria en seguridad pública para el Gobierno?

-Nos preocupan todos, la seguridad pública es un bien que nos interesa proteger permanentemente. La estrategia nacional de seguridad pública busca coordinar a todas las instituciones que están relacionadas con esto, y eso nos parece que ha sido exitoso. Hemos logrado una reducción de la victimización, la meta que nos habíamos impuesto para el 2010 casi se cumplió el 2008, eso significa que hay menos gente que ha sido víctima de delitos, pero paralelamente los delitos que se cometen son más espectaculares, más violentos. Percibimos más violencia en la actividad delictual.