Fasic lamentó contradicciones de la Corte Suprema frente a violaciones a los DD.HH.

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Santiago, 5 de febrero de 2009

11:35

 

Fasic lamentó contradicciones de la Corte Suprema frente a violaciones a los DD.HH.

 

La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas entregó su balance de 2008.

Defendió la validez del Informe Rettig frente a denuncias de nuevos casos falsos.

 

Informe de Mario Antonio Guzmán.

Cooperativa.cl  

La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) sostuvo que 2008 estuvo marcado por las profundas contradicciones en las condenas de la Sala Penal de la Corte Suprema sobre casos de violaciones a los derechos humanos, al entregar su balance del año.

En específico, la institución se refirió a la aplicación del derecho internacional humanitario del tribunal supremo, cuando hace dos semanas otorgó la libertad vigilada de la ex cúpula de la DINA en dos casos de secuestro, mientras que la Corte de Apelaciones mantuvo una condena sin beneficios por otra violación a los derechos humanos.

Además, la directora de la organización, la abogada Verónica Reyna, defendió abiertamente la labor del Informe Rettig señalando que tres o cuatro casos "no pueden mermar una verdad histórica irrefutable".

En ese sentido, el abogado Alberto Espinoza declaró los casos erróneos "no nos puede llevar a deslegitimar ni a desvirtuar la verdad tan contundente que quedó de manifiesta" con los informes Rettig y Valech.

"Toda la situación podría haberse resuelto sin mayores dificultades -y en esto hacemos un emplazamiento a quienes son los responsables de las violaciones a los derechos humanos-. Si estos responsables hubieran entregado la verdad y toda la información de lo que ocurrió con los detenidos desaparecidos y con los ejecutados políticos", puntualizó.

Reyna, acompañada de sus colegas, Héctor Salazar, Alberto Espinoza y Nelson Caucoto, se refirió también a las obligaciones internacionales de nuestro país en materia de derechos humanos.

En este sentido, destacó que lo más importante es que el Congreso apruebe el ingreso de Chile al estatuto de  Roma para pasar a formar parte de la Corte Penal Internacional.