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Gobierno conocía casos de falsos detenidos desaparecidos desde hace casi dos años
Consultada por los casos, Bachelet dijo anoche: "Me parece que el número total es cinco".
por A. López, F. Artaza y C. Argandoña | 30/12/2008 - 08:07
En 2007, tanto La Moneda como el Programa de Derechos Humanos del gobierno ya estaban informados de los tres casos de falsos detenidos desaparecidos denunciados el sábado pasado por el subsecretario de Interior, Patricio Rosende. En esa fecha, se habían recibido los antecedentes que indicaban que Patricio Rojas Campos, Emperatriz Villagra Maturana y Edgardo Iván Palacios no habían sido víctimas de las violaciones a los derechos humanos del régimen militar y que uno de ellos, Rojas Campos, incluso estaba vivo en Argentina desde hace años. Pese a tener la información, la nómina oficial de víctimas no fue corregida y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos tampoco fue informada.
Pese a que la información inicial del gobierno apuntaba a que esta situación se había conocido sólo tras una reciente investigación de los posibles errores en la calificación de las víctimas, ayer Rosende señaló que los datos comenzaron a llegar en 2005. Sin embargo, explicó que "la decisión del gobierno fue hacer la investigación completa de todos los nombres de las víctimas. No se iba a dar a conocer hasta tener completo ese informe, de modo de no entregar antecedentes por goteo, sino el conjunto de información".
Consultada por los casos de falsos desaparecidos, la Presidenta Michelle Bachelet dijo anoche a Teletrece: "Me parece que el número total es cinco". Antes había señalado que instruyó a las autoridades responsables para que se culmine la revisión que se realiza desde 2005, "para despejar toda duda posible respecto de esta situación".
Por su parte, María Luisa Sepúlveda, asesora presidencial en DD.HH., explicó que "desde hacía algunos años que había información de contexto que permitía dudar de la real calificación de estos tres casos" y sostuvo que "las familias no actuaron de mala fe".
Agregó que, "en el caso de Villagra Maturana, cuando se solicitó hacer el catastro de ADN, una de las hermanas de la señora Villagra llegó con el certificado de defunción para clarificar que no era detenida desaparecida, pues había muerto mucho antes del golpe".
En el caso de Edgardo Palacios, el gobierno supo en enero de 2007 que no era un detenido desaparacido luego de que el Ministerio Público les informara de su asesinato en noviembre de 2006. "El 28 de noviembre de 2006 apareció un indigente asesinado junto a la línea férrea. En enero del 2007, el SML estableció la identidad. Cuando se notificó a la familia ellos no entendían nada. Tras el golpe militar, Palacios había dicho que corría peligro, un día salió de su casa y no regresó. Entonces su esposa denunció el hecho a la Vicaría de la Solidaridad en Concepción", cuenta.
El caso de Rojas Campos es el más complejo. Incluso había un testigo de su detención, "lo que ayudaba a formarse la convicción de que se trataba de un caso verídico (...). Había detrás una familia que no sabía que él estaba vivo y en Argentina". El gobierno supo la verdad el 2005.
Sobre la tardía reacción de La Moneda, que informó este sábado de los casos, Sepúlveda señala que eran situaciones "muy complicadas" y que "el trabajo de las comisiones (Rettig y Valech) no es infalible (...). Esta es una buena lección que tenemos que aprender, si llegara a aparecer otro caso, algo que no podemos descartar, debemos manejarlo distinto". Sepúlveda hace una diferencia entre estos casos y el de Cofré, de mediados de noviembre, cuya familia sabía la verdad.
MINISTRO EN VISITA
La Corte de Apelaciones de Santiago designó como ministro en visita a Carlos Gajardo, quien indaga el caso de Cofré y los errores en las identificaciones en el Patio 29. El gobierno también presentó los antecedentes ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el fiscal nacional, Sabas Chahuán.
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