El informe que la policía civil pueda enviar a la jueza tendría como base el preparado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior. Foto: Upi
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Jueves 19 de febrero de 2009
Por Jorge Escalante / La Nación
Ministra Valdovinos indaga sobre las últimas víctimas de la dictadura mal calificada
Jueza pidió informe sobre los Soto Peredo-Cabrera
Los casos de Gustavo y Rubén Soto resultaron ser historias tan sorprendentes como varias de las hasta ahora siete víctimas erróneamente reconocidas como tales por organismos del Estado.
La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Amanda Valdovinos, requirió a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones un informe acerca de los erróneamente calificados como detenidos desaparecidos por la Comisión Rettig, Gustavo Edmundo Soto Peredo y su supuesto hijo Rubén Simón Soto Cabrera.
La magistrada reemplaza al juez de esa misma corte Carlos Gajardo en estas tareas indagatorias sobre víctimas de la dictadura mal calificadas por el Estado. En total se han confirmado siete.
El informe que la policía civil pueda enviar a la jueza tendría como base el preparado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior.
Hasta ahora el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sólo inició acciones penales en contra del primer mal calificado, Germán Cofré Martínez. Éste reapareció en Santiago en noviembre de 2008, 34 años después de salir a la ciudad de Mendoza, Argentina, en busca de un mejor horizonte económico. Cofré es hasta la fecha la única víctima mal calificada como desaparecida, que reapareció vivo.
La historia de los Soto Peredo-Cabrera es tan sorprendente como otros de los siete casos descubiertos hasta el momento.
Una mujer, María Cabrera Silva, se hace pasar por conviviente de Soto Peredo. Va primero a la Vicaría de la Solidaridad a denunciar su desaparición en septiembre de 1973, inventando incluso su detención en el Estado Nacional y su traslado al Estadio Chile, donde asesinaron al cantautor Víctor Jara.
Después, en 1990, declaró ante la Comisión Rettig lo mismo, agregándose esta vez también como desaparecido al supuesto hijo Rubén Soto Cabrera, lo que fue avalado en declaración jurada por la hija de María, Patricia Soto Cabrera.
Tan convincentes resultan ser los antecedentes presentados, que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig por quien la presidió, el abogado radical Raúl Rettig, calificó a ambos como víctimas de agentes del Estado. María Cabrera resultó, sin embargo, ser la cuñada de Soto Peredo, quien no era tal militante comunista, zapatero y dirigente poblacional, sino un delincuente prontuariado quien, según su autopsia, murió el 18 de agosto de 1973, un mes antes del golpe militar, de una estocada al corazón.
Entrevistada a comienzos de febrero la familia de Soto Peredo, confirmó que éste fue un delincuente que finalmente "murió en su ley", como lo declaró Ana Luisa Salfate, hija de Luisa, hermana de Soto Peredo.
La hija de María Cabrera, Jacqueline, entrevistada la semana pasada por autoridades del Ministerio de Interior, reconoció que mintió a la Comisión Rettig sobre ambos casos, instada a ello por su madre fallecida en 1995.
De todo este intrincado cuento, el único que se benefició con alguna reparación monetaria del Estado fue Rosendo Soto Salfate, quien en 2005 recibió un bono de 10 millones de pesos. Hasta su muerte, María Cabrera nunca realizó gestiones para cobrar algún beneficio. Del supuesto hijo Rubén nunca se ubicó su paradero.
Informe FFAA
Pero Gustavo Soto Peredo ocupó el número 25 en la lista de 200 nombres de víctimas reconocidas por las Fuerzas Armadas en el informe del 5 de enero de 2001, emanado de la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos de 2000.
Allí aparece como militante comunista, detenido el 13 de septiembre de 1973, y cuya muerte tiene fecha tres días más tarde. Como lugar de detención, el informe dio el Estadio Nacional, y como destino de su cuerpo el Servicio Médico Legal (SML). Vale decir, al igual que otros casos, las FFAA copiaron la información del Informe Rettig.
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