http://diario.elmercurio.com/2008/12/28/nacional/politica/noticias/17B1B1C9-CD9E-4850-BF3A-FE5E7BB016DC.htm?id={17B1B1C9-CD9E-4850-BF3A-FE5E7BB016DC}
Se suman al de Germán Cofré, conocido en noviembre:
Gobierno admite errores en otros tres casos de calificación de detenidos desaparecidos
Se trata de Emperatriz Villagra, que murió en 1955, y de Edgardo Palacios, que falleció como indigente en diciembre de 2006.
Juez Garzón usó el caso de Rojas para detener a Pinochet
1 "Carlos Patricio Rojas Campos, militante comunista, quien habría sido perseguido en Calama y Tocopilla hasta 1977, fecha en que se refugió en Buenos Aires, manteniendo un contacto epistolar regular con su familia en Chile".
Este fragmento del informe Rettig, que expone la presunta desaparición de Rojas, fue utilizado por el juez español Baltasar Garzón para solicitar la prisión provisional incondicional del fallecido general Augusto Pinochet ante la High Court de Londres. El magistrado español copió en el escrito los datos del informe Rettig sobre Rojas y otros 93 casos, para imputar al general Pinochet los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.
En 2005, los familiares de Rojas iniciaron también los trámites para obtener los beneficios reparatorios que entrega el gobierno argentino. Sin embargo, en ese momento se detectó que una persona con el mismo nombre registraba movimientos en ese país entre 1979 y 1985. Tras la investigación del caso, se descubrió que Rojas vivía en Buenos Aires y que había formado una nueva familia.
Además, Rojas no figura en los registros de agrupaciones de detenidos desaparecidos de Antofagasta, Calama y Tocopilla. El nombre del supuesto detenido desaparecido tampoco aparece incluido en el memorial regional.
Familia mantuvo beneficios tras muerte de indigente en 2006
2 Sus familiares siempre pensaron que era un detenido desaparecido. Sin embargo, en diciembre de 2006 se enteraron que Edgardo Iván Palacios había muerto como indigente, cuando reconocieron su cuerpo en el Servicio Médico Legal.
La víctima, que era de Concepción, dejó una esposa, Teresa Isabel Jara Olivares, y cuatro hijos: Edgardo, Álex, Padis y Tamara.
Según Padis, de 34 años, quien no tiene recuerdos de su padre, su hermano mayor Edgardo (40) fue entrevistado por los miembros de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, producto de ello Palacios pasó a formar parte del Informe sobre Calificación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política.
Padis agregó que esto permitió que desde 1995 su familia pudiera acceder a algunos de los beneficios que otorga el Gobierno a través del INP.
Además, comentó que actualmente sólo su madre recibe apoyo por parte del Estado.
Los últimos días de su vida, Edgardo Palacios vivió de allegado en la casa de Fernando León Gómez en Quinta Normal, y trabajó recolectando chatarras y como soldador al arco. "Nadie lo ayudó y siempre nos dijo que no tenía familia", comentó León.
Hermana ratifica que falsa desaparecida murió en 1955
3 "Ella falleció hace muchos años, el 4 de junio de 1955 en el hospital Barros Luco, a causa de una complicación del parto de su cuarto hijo". Eso es lo primero que dice Margarita Villagra, de 73 años, cuando le preguntan por Emperatriz del Tránsito, su hermana que aparece reconocida como detenida desaparecida en el informe de la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación.
De hecho, para no dejar dudas, Margarita mostró a "El Mercurio" la libreta de familia en la cual aparece la fecha exacta de la defunción de Emperatriz, dando cuenta del error existente en la investigación del Informe Rettig. Extrañada por la situación, relató que su hermana "fue muy trabajadora y nunca tuvo que ver con política" y agregó que "ella dejó tres hijos, todos de distinto padre", los que a diferencia de los otros dos casos de "detenidos aparecidos" conocidos ayer, no han recibido ningún beneficio de parte del Estado.
Incluso, Margarita cuenta que acreditó que el fallecimiento de Emperatriz había ocurrido 18 años antes del golpe militar ante el juez Juan Guzmán, quien la contactó para someterla a un examen de ADN en la Policía de Investigaciones y así comprobar si uno de los cuerpos hallados en el patio 29 correspondía al de su hermana.
Diputada Karla Rubilar denuncia otros cuatro casos
Cuatro nuevos casos de errores en las nóminas de detenidos desaparecidos denunció ayer la diputada RN Karla Rubilar, quien además preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
La parlamentaria confirmó que uno de ellos sería el ex periodista Juan Manuel Bertolo Rivas, quien trabajó para el diario La Estrella de San Antonio y habría sido corresponsal de Las Últimas Noticias y Radio Cooperativa.
Según comentó su hija Solange Bertolo, la pareja de su padre al momento de su muerte en 1990, María Sonia Abarca, quien pertenecería al Partido Socialista, "hizo las gestiones para incluirlo en el Informe Rettig, incluso recibiría hasta hoy los beneficios que entrega el Estado".
Además, Solange dijo que Juan Manuel Bertolo aparecía en el memorial de los detenidos desaparecidos, "y luego de muchas peleas logramos que se borrara su nombre en 2007".
Rubilar dijo que ayer se comunicó con el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, a quien le comentó su intención de citarlo a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
Al respecto, Rosende confirmó su plena disposición de asistir a esa instancia parlamentaria.
En duda indagación a Cofré
Aún está en duda si el primer caso de detenido aparecido, de Germán Cofré Martínez, será indagado por un posible fraude o estafa, luego que su familia recibiera $79 millones por bonificaciones, pensiones de reparación, bonos y una beca de estudio suspendida para uno de sus tres hijos.
El ministro Carlos Gajardo evalúa si envía a otro tribunal el asunto, pues tiene competencia sólo para indagar el caso patio 29 y los errores de identificación. También espera el informe del laboratorio de la Universidad de Texas, EE.UU., para pronunciarse de la mala identificación de Cofré.
Abogados asesores
Los abogados Juan Pablo Hermosilla y Samuel Donoso están asesorando al Ministerio del Interior. Como primera medida se enviarán los nuevos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que evalúen acciones legales por una posible estafa o fraude.
El organismo ya cuenta con la denuncia del caso de Germán Cofré Martínez, y aún está evaluando si presentará una querella.
El Gobierno, además, hará una denuncia de los nuevos casos ante la justicia. Podría ser ante el Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago.
