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Domingo 28 de diciembre de 2008
/ La Nación Domingo
Tres nuevos casos enlistados entre las víctimas levantan la polémica
“Aparecidos”: la pólvora de los derechos humanos
Palabras como “empañar” los casos de los detenidos desaparecidos o afirmar que con “estas nuevas evidencias hay derechos perfectos para dudar de todo”, son la respuesta de la derecha a los errores detectados en la lista de familiares compensados por la desaparición de un cercano.
El viernes, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, dio una orden al Instituto de Normalización Previsional: suspender los beneficios que recibían hasta hoy dos familias de falsos detenidos desaparecidos, cuyos casos fueron clarificados en el último mes.
El plan era continuar el lunes presentando los antecedentes ante el Consejo de Defensa del Estado y los tribunales de justicia; ese mismo día comunicar los casos a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y el martes, hacer público el hecho. Sin embargo, un matutino aguó la fiesta y ayer se destapó por la prensa la existencia de dos hombres y una mujer que tenían una historia similar a la de Germán Cofré, el "falso detenido desaparecido", que se encontró a fines de noviembre en Mendoza.
Los casos corresponden a Edgardo Iván Palacios, calificado como desaparecido luego que su familia informara del hecho en junio de 1974. Se trata de un dirigente sindical del PS y sus cercanos sólo se enteraron en 2006 que nunca estuvo en esta condición, sino que vivía como indigente en las calles y ese año murió en una riña.
El segundo caso corresponde a Carlos Patricio Rojas Campos. Su familia denunció que fue perseguido en Copiapó y luego se trasladó a Calama, desde donde salió clandestinamente hacia Argentina. En 2005 la familia de Rojas intentó que su caso fuera calificado en una lista de desaparecidos de Argentina, y en el curso de ese proceso se supo que estaba vivo y había formado una nueva familia. Éste podría ser calificado como el caso más grave, porque las autoridades recibieron esta información y, sin embargo, no se suspendieron los beneficios a la familia.
El tercer caso es el de Emperatriz del Tránsito Villagra Maturana. Efectivamente, ella figuró entre las primeras detenidas desaparecidas por una denuncia que hizo su cónyuge en 1974; sin embargo, ella murió en el Hospital Barros Luco durante un parto el 4 de junio de 1955. Su familia nunca recibió ayuda estatal.
La pataleta de la derecha
La derecha aprovechó ayer para recriminar al Ejecutivo por no entregar antes la información. La diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Karla Rubilar, señaló que a pesar de ser una "convencida de que los casos de detenidos desaparecidos existen", la aparición de estas dos personas, cuyas familias han recibido dineros del Estado, "empañan la situación".
A pesar que la dictadura de Pinochet mató a tres mil 195 personas e hizo desaparecer a mil 183 más, la diputada hizo hincapié en que estos dos casos demuestran que "los gobiernos de la Concertación están haciendo tanto daño como la dictadura, en términos de entrega de información, y la gente está quedando con una percepción errada".
Junto con anunciar que pedirá al subsecretario Patricio Rosende que asista a la Comisión de DDHH de la Cámara a informar sobre estos errores, Rubilar acusó que tiene antecedentes de ocho casos similares, una información que el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, calificó "de un nivel de irresponsabilidad e insensibilidad". El ministro aprovechó de recordar un detalle: "La derecha no solamente causó las víctimas, (sino que) no sabe cómo enfrentar este tema".
El ex vicecomandante en jefe del Ejército, general (r) Guillermo Garín, aseguró que "no cabe la menor duda que existiendo o apareciendo estas nuevas evidencias hay derecho perfecto para dudar de todo lo que se ha estado diciendo y explotando políticamente en torno a estas situaciones de detenidos desaparecidos".
El lunes, los antecedentes de estos tres casos serán entregados al Consejo de Defensa del Estado y los tribunales de justicia.
Los familiares de detenidos desaparecidos recibieron con urgencia la noticia. La desazón de Lorena Pizarro, presidenta de la organización que los agrupa, fue evidente. Pedirán una investigación para este hecho, que según ella, se origina en que Chile no ha estado a la altura de la tragedia que vivieron las víctimas. Es más, "las Fuerzas Armadas aún no entregan las nóminas de las personas que detuvieron ilegalmente".
