La ética parlamentaria en el caso Rubilar

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090111/pags/20090111200149.html

 

Lunes 12 de enero de 2009

 

/ La Nación

Editorial

 

La ética parlamentaria en el caso Rubilar

El desatino y la desprolijidad en su función parlamentaria deberían merecer una amonestación de parte de las instancias éticas de que dispongan la Cámara y RN.

El incidente que protagonizó la diputada de RN Karla Rubilar, al denunciar casos de detenidos desaparecidos supuestamente falsos, ha significado un punto de inflexión en el desarrollo de un tema que involucra la memoria y la historia de un país, al tiempo que pone en tela de juicio las intenciones éticas, políticas y personales al enfrentar el asunto.

En efecto, cuando la memoria se va construyendo más sobre la base de testimonios que de evidencias (por la negativa permanente de quienes participaron en las violaciones de los derechos humanos a entregar información que lleve a aclarar el destino de las víctimas de la dictadura), se corre el riesgo de que queden algunos elementos no resueltos.

Pero aún así, es una memoria, y está viva por el recuerdo de los familiares. Es nuestra historia. El recurso de la diputada fue poner en duda esa memoria, del mismo modo que lo hizo la dictadura a través de sus personeros en numerosos foros internacionales o en los titulares de prensa. Si lo hizo como parte de su función fiscalizadora o no, es discutible.

Lo cierto es que utilizó para ello fuentes de dudosa credibilidad, y para el uso público de información no tuvo en cuenta su origen ni las evidencias disponibles. Tampoco las puso en conocimiento previo de los familiares o las autoridades, que podrían haberle ayudado a corroborar o descartar los datos que recibió.

Su forma de actuar en un ámbito tan delicado ha recibido el justo repudio de los familiares de detenidos desaparecidos y del Gobierno para que deje la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, pero también de la propia Alianza, cuyos representantes se han unido para exigir que, al menos, ofrezca disculpas públicas por el daño moral causado.

El desatino y la desprolijidad en su función deberían, al menos, merecer una amonestación de parte de las instancias éticas de que dispongan la corporación y el partido en que milita.

Pero, más allá de la falta a la ética en el desarrollo de un poder del Estado, se abre también un área de debate en torno a los círculos que rodean a los representantes de la oposición de derecha y que, al vislumbrarse, siembran dudas sobre su actuar.

En el caso Rubilar, la fuente de su información es el abogado de uno de los más crueles represores de la dictadura, el general (R) Manuel Contreras.

No es posible que alegue desconocimiento de esa vinculación y, si es cierto que no sabía, ése sería un elemento clave para exigir su destitución en la Comisión de Derechos Humanos.

Ahora, si la conocía, revelaría que sigue habiendo nexos entre personajes clave del régimen militar y la derecha política.

Sólo por ese hecho, amén del daño provocado de manera irresponsable a los familiares de detenidos desaparecidos, Rubilar debió haber presentado su renuncia inmediata a la instancia que preside en la Cámara.

Llama la atención que la Alianza, y concretamente su candidato, Sebastián Piñera, no hayan sido más resueltos en ello, cuando se han mostrado tan decididos y ágiles en pedir la cabeza de ministros o personeros de la Concertación en ocasiones menos delicadas que ésta.