Casos de DD.HH.: Piden investigar denuncias de falsos exonerados

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Casos de DD.HH.: Piden investigar denuncias de falsos exonerados

 

escrito por Juan Pablo Palacios   

miércoles, 10 de diciembre de 2008

La política de protección a las víctimas de abusos a los derechos humanos durante la dictadura militar ha sido objeto de duros cuestionamientos durantes las últimas semanas a raíz de la denuncia de engaño masivo al Estado de parte de personas que aseguran que fueron exoneradas de sus empleos públicos por sus ideales políticos en el gobierno de facto de Augusto Pinochet y que en realidad nunca estuvieron en esa condición.

 

Por tal motivo, Raúl Celpa, presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, junto a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Karla Rubilar, llegaron hasta las dependencias de la Contraloría General de la República donde sostuvieron un encuentro con Ramiro Mendoza para exponerle su preocupación sobre estos casos y proponerle la creación de una División de Derechos Humanos para que siga de cerca eventuales irregularidades en la evaluación de la calidad de víctima de la dictadura.

 

“A su vez, le hemos solicitado que tome conocimiento de las irregularidades en el INP de la aplicación de la ley para los exonerados verdaderos. En este país sí hubo exonerados que debieron recibir sus pensiones como correspondía y que hoy día por mala aplicación del INP no está siendo llevado a cabo como corresponde”, agregó la parlamentaria a la salida del encuentro.

 

Por su parte, el Contralor se comprometió a hacerse parte de las fiscalizaciones, siempre y cuando se hagan llegar los antecedentes. Trámite que la diputada Rubilar encargó a los dirigentes de organizaciones de derechos humanos, quienes deberán identificar los casos falsos para entregarle la denuncia formal a Mendoza.

 

Más temprano, en el mismo lugar, el diputado Henríquez Ominami afirmó que pese a las denuncias realizadas, el sistema funciona, aunque es absolutamente perfectible.

 

“La ley de exonerados que se reinterpretó, que se amplió a los miristas que no estaban, es compleja, pero no se puede canibalizar a los exonerados, no se puede decir que son todos falsos, no es cierto. Hay que revisar el sistema de calificación, de asignación de pensiones, tenemos un problema, pero canibalizar el sistema me parece muy peligroso”, dijo el diputado.

 

Raúl Celpa, quien se desempeñó como gerente del Banco Español Chile y fue miembro de la Comisión Estatizadora de la Banca en el gobierno de Allende, sostuvo que posee información donde queda en evidencia que las reparaciones no han sido prolijas y que hay un abuso de la ley. Aseguró que en los próximos días hará entrega de dichos antecedentes al ente fiscalizador estatal, donde adjuntará casos de militares procesados que recibieron pensiones.

 

“La colusión se produce a partir de aparecer en un registro de exonerados políticos generales del Ejército con participación en procesos violatorios de derechos humanos, que incluso han llegado a la pérdida de la vida de la víctima, junto a connotados líderes políticos del periodo 70-73. Esa confusión provocada por la arbitrariedad y la violación del estado de derecho que han producir estos criterios de aplicación torcida que han tenido los diferentes gobiernos, son los que están en tela de juicio”, manifestó Celpa.

 

A juicio del ex preso político, serían cerca de cien mil las personas que no son exonerados políticos y que están calificados como tales por el ministerio del Interior, lo cual está documentado en un informe llamado "Chile, país que evoluciona".

 

Entre ellos, surgen los nombres de los militares Rafael González Verdugo, Edwin Dimter Sánchez, Patricio Kellet O. y Enrique Cruz. Y desde el mundo civil, aparecen Sergio Onofre Jarpa, Hermógenez Pérez de Arce y Juan de Dios Carmona.

Interior descarta exonerados falsos

http://diario.elmercurio.com/2008/11/28/claves/noticia_portada/noticias/254C48AB-8039-4E92-8AFB-C34CC67E3F57.htm?id={254C48AB-8039-4E92-8AFB-C34CC67E3F57}

PROGRAMA DEL EXONERADO POLÍTICO / Ante cascada de denuncias de fraude con los beneficiarios:

Interior descarta exonerados falsos

 

Señalan que hay una comisión responsable de 5 miembros, que el programa ha funcionado sin contratiempos y responde a las 3 leyes aprobadas por el Congreso para favorecer a quienes perdieron sus trabajos por motivos políticos entre 1973 y 1990.

 

PILAR MOLINA A.

 

A pesar de todas las denuncias formuladas de que habría hasta 100 mil exonerados "truchos", en el Ministerio del Interior defienden lo correcto del Programa del Exonerado Político, que depende de esa cartera. Creen que las críticas son por desconocimiento, pero también que las asociaciones de exonerados denuncian fraudes pensando en que les tocarían más fondos si fueran menos, lo cual es incorrecto.

 

Pero lo cierto es que casi 259 mil personas han postulado a beneficios fiscales al amparo de las tres sucesivas leyes (ver recuadro) que aprobó el Congreso para personas despedidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, de la administración o empresas públicas o privadas que fueron intervenidas o confiscadas. La pensión promedio que reciben es del $147 mil pesos.

 

Raúl Celpa, presidente de la comisión de exonerados políticos, denunció que cuando se promulgó la primera normativa, con Aylwin, se firmó un protocolo en el que se acordaba que el número de exonerados no excedería de los 55 mil y que "todo lo que vaya más allá es un cuento".

 

Hoy suman más de 145 mil las personas consideradas en esa calidad -defienden en Interior-, porque ellas han podido probar lo que les exigió la ley, que fueron despedidas entre 1973 y 1990 y por razones políticas.

 

"Si la ley tiene una anomalía, es problema de la ley, pero nosotros la hemos seguido paso a paso", señaló ayer Marta Joignant, jefa del Programa de Exonerados Políticos de Interior.

 

El beneficio previsional

 

También tienen argumentos para explicar que en las sucesivas leyes se fuera ampliando el número de postulantes y beneficiados. Con la última ampliación de plazo que dio el gobierno de Ricardo Lagos, más de 155 mil personas presentaron solicitudes, y con las dos leyes anteriores, el número total de postulantes se empinaba sobre los cien mil. Explican que éste es el efecto de que se trate de una ley con beneficio previsional, lo cual despierta el interés de la gente por mejorar sus pensiones.

 

Las dos últimas normativas, además de ampliar los plazos, incorporaron más personas: militares, funcionarios del Congreso y del Poder Judicial y campesinos, porque también se interpretó que acreditaban su calidad de ex asentados, emplazamientos a los cuales el Estado puso término.

 

No hay fraudes

 

Hoy no hay casos pendientes, el último plazo para postular al programa se cerró en junio de 2004. Lo único que está abierto, relatan las fuentes oficiales, son apelaciones de solicitudes rechazadas. El plazo para reclamar vencerá a mediados de 2009, a solicitud de los parlamentarios que pidieron en 2007 ampliar los plazos de apelación.

 

La comisión que resuelve recibe los casos previamente revisados por 13 analistas. La integran cinco miembros designados por la Presidenta: dos abogados del Ministerio del Interior (Juan Manuel Valle y Julia Panes); el jefe de la unidad técnica de los analistas, Héctor Cereceda; un abogado del departamento jurídico, y la preside Marta Joignant, la jefa de la oficina.

 

Son ellos los responsables de decidir quién sí y quién no califica como "exonerado". Trabajan en conciencia, cuentan. Incluso, se inhabilitan frente a algún conocido, y todo el trabajo de esta oficina es a honorario. Cuando el programa finalice, a mediados de 2009, deberán buscar empleo.

 

Añaden que ellos no tienen conocimiento de fraudes, que siempre puede haber. Niegan que baste con la carta de un parlamentario para acreditar que una persona fue exonerada o militante.

 

"Los postulantes tienen que presentar antecedentes para certificar su calidad de despedidos por motivos políticos, y para ello sirven bandos, decretos, hasta el libro de Manuel Contreras ha sido útil para calificar. También puede ser la declaración de testigos, pero la militancia sólo puede acreditarla el secretario general de un partido, no cualquier parlamentario. Y si se acredita la militancia, tampoco basta, se requiere todo un contexto para producir convicción", señalan en Interior.

 

Añaden que a la comisión podrá pasársele un caso, pero jamás miles, como se acusa ahora al programa de ser una fuente de beneficios sociales para gente apadrinada políticamente.

 

Leyes y beneficios

 

Las tres leyes para los exonerados políticos

 

•Ley 19.234 de agosto 1993 (Patricio Aylwin). Establece beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, de las empresas públicas, semifiscales, autónomas del Estado y privadas, según la fecha de intervención.

 

Postulan 43.302 y califican 38.434 (89%).

 

•Ley 19.582 de agosto de 1998 (Eduardo Frei). Incorporó a los beneficios de la Ley 19.234 a los funcionarios del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de las FF.AA. Otorga plazo de inscripción de un año: septiembre de 1998 a septiembre de 1999. Subió el número de meses tope por año cotizado de 36 a 54 en el abono de tiempo por gracia.

 

Postulan 60.147 y califican 49.000 (83%).

 

•Ley 19.881 de junio de 2003 (Ricardo Lagos). En su artículo único, sólo otorgó un plazo adicional de un año para nuevas inscripciones: junio de 2003 al 30 de junio de 2004.

 

Postulan 155.318 y califican 56.952 (37%).

 

Beneficios que otorgan las leyes:

 

•Pensiones no retributivas (de gracia).

 

•Abono de tiempo por gracia con un tope de 54 meses para obtener pensiones de gracia o regulares:

 

6 meses por cada año cotizado para los exonerados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1973.

 

4 meses por año a los cesados entre el 1° de enero de 1974 y el 31 de diciembre de 1976.

 

3 meses si fueron despedidos entre enero de 1977 y marzo de 1990.

Senador Naranjo rechaza denuncia de exonerado político

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081126/pags/20081126130228.html

Miércoles 26 de noviembre de 2008  | 12:51

/ Lanacion.cl

 

Senador Naranjo rechaza denuncia de exonerado político

El senador socialista Jaime Naranjo rechazó la denuncia del dirigente Raúl Celpa López, quien lo acusó de avalar con fines electorales casos de falsos exonerados.  

En entrevista con La Segunda, el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados Políticos y Ex Presos Políticos denunció que existen masivos casos “truchos”, y que parlamentarios “ofrecen a las personas la posibilidad de ser calificados como exonerados políticos”, lo que ha generado un mercado de votos.  

En el caso puntual de Naranjo, Celpa denunció que las comunas de Longaví, Cauquenes y Parral tienen más exonerados políticos que Linares, que era cabecera de provincia, y Colbún cuenta con personas en esa condición, siendo que no existía como comuna en 1973.  

En su declaración de respuesta, Naranjo admite que ha recorrido las comunas de su circunscripción, especialmente las rurales, para informar de los beneficios de la ley de reparación. De este modo, asegura que ayudó junto a sus colaboradores “a muchos campesinos que no sabían escribir a llenar los formularios”. Pero precisa que “esta ayuda   no implica de ninguna forma participar en el proceso de calificación, que es realizado por una comisión del Ministerio del Interior”.  

Naranjo justificó esta tarea como parte de su trabajo parlamentario, y contraatacó a las denuncias señalando que “con este tipo de apoyo a la ciudadanía, los parlamentarios rompimos con el “monopolio” que algunos dirigentes de exonerados querían mantener, ya que les cobraban a las personas cuotas de incorporación y de tramitación”.  

Asimismo, acusó que “un pequeño grupo de “exonerados aristocráticos” siempre han visto de mala forma que los campesinos puedan ser considerados exonerados.  

Respecto a la situación puntual de Longaví, Parral y Cauquenes, Naranjo recuerda que en estas comunas existían “numerosos asentamientos de la Reforma Agraria, en los que trabajaba la casi totalidad de la población. Esto explica la gran cantidad de postulantes a ser calificados como exonerados políticos en estas y otras comunas rurales de nuestro país”.  

En cuanto a Colbún, el senador recuerda que sus habitantes pertenecían a la comuna de Linares y “fueron exonerados de los asentamientos campesinos”. “Si aceptáramos el racionamiento del señor Celpa, existen decenas de comunas a lo largo y ancho de nuestro país como Cerro Navia y Lo Prado  que no podrían tener exonerados, ya que fueron creadas después de 1973”, precisa.  

Finalmente, Naranjo declara que “lamento que quien desde su cargo debiera apoyar a quienes fueron exonerados políticos les dé la espalda, y además, no diga nada sobre los ex parlamentarios de derecha, muchos de los cuales promovieron activamente el golpe militar y que reciben pensiones como exonerados políticos. Ellos son los verdaderos “falsos exonerados políticos”.