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Casos de DD.HH.: Piden investigar denuncias de falsos exonerados
escrito por Juan Pablo Palacios
miércoles, 10 de diciembre de 2008
La política de protección a las víctimas de abusos a los derechos humanos durante la dictadura militar ha sido objeto de duros cuestionamientos durantes las últimas semanas a raíz de la denuncia de engaño masivo al Estado de parte de personas que aseguran que fueron exoneradas de sus empleos públicos por sus ideales políticos en el gobierno de facto de Augusto Pinochet y que en realidad nunca estuvieron en esa condición.
Por tal motivo, Raúl Celpa, presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, junto a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Karla Rubilar, llegaron hasta las dependencias de la Contraloría General de la República donde sostuvieron un encuentro con Ramiro Mendoza para exponerle su preocupación sobre estos casos y proponerle la creación de una División de Derechos Humanos para que siga de cerca eventuales irregularidades en la evaluación de la calidad de víctima de la dictadura.
“A su vez, le hemos solicitado que tome conocimiento de las irregularidades en el INP de la aplicación de la ley para los exonerados verdaderos. En este país sí hubo exonerados que debieron recibir sus pensiones como correspondía y que hoy día por mala aplicación del INP no está siendo llevado a cabo como corresponde”, agregó la parlamentaria a la salida del encuentro.
Por su parte, el Contralor se comprometió a hacerse parte de las fiscalizaciones, siempre y cuando se hagan llegar los antecedentes. Trámite que la diputada Rubilar encargó a los dirigentes de organizaciones de derechos humanos, quienes deberán identificar los casos falsos para entregarle la denuncia formal a Mendoza.
Más temprano, en el mismo lugar, el diputado Henríquez Ominami afirmó que pese a las denuncias realizadas, el sistema funciona, aunque es absolutamente perfectible.
“La ley de exonerados que se reinterpretó, que se amplió a los miristas que no estaban, es compleja, pero no se puede canibalizar a los exonerados, no se puede decir que son todos falsos, no es cierto. Hay que revisar el sistema de calificación, de asignación de pensiones, tenemos un problema, pero canibalizar el sistema me parece muy peligroso”, dijo el diputado.
Raúl Celpa, quien se desempeñó como gerente del Banco Español Chile y fue miembro de la Comisión Estatizadora de la Banca en el gobierno de Allende, sostuvo que posee información donde queda en evidencia que las reparaciones no han sido prolijas y que hay un abuso de la ley. Aseguró que en los próximos días hará entrega de dichos antecedentes al ente fiscalizador estatal, donde adjuntará casos de militares procesados que recibieron pensiones.
“La colusión se produce a partir de aparecer en un registro de exonerados políticos generales del Ejército con participación en procesos violatorios de derechos humanos, que incluso han llegado a la pérdida de la vida de la víctima, junto a connotados líderes políticos del periodo 70-73. Esa confusión provocada por la arbitrariedad y la violación del estado de derecho que han producir estos criterios de aplicación torcida que han tenido los diferentes gobiernos, son los que están en tela de juicio”, manifestó Celpa.
A juicio del ex preso político, serían cerca de cien mil las personas que no son exonerados políticos y que están calificados como tales por el ministerio del Interior, lo cual está documentado en un informe llamado "Chile, país que evoluciona".
Entre ellos, surgen los nombres de los militares Rafael González Verdugo, Edwin Dimter Sánchez, Patricio Kellet O. y Enrique Cruz. Y desde el mundo civil, aparecen Sergio Onofre Jarpa, Hermógenez Pérez de Arce y Juan de Dios Carmona.
