DDHH: ¡LA DERECHA Y LA CONCERTACIÓN UNIDAS JAMÁS SERÁN VENCIDAS!

 

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DDHH: ¡LA DERECHA Y LA CONCERTACIÓN UNIDAS JAMÁS SERÁN VENCIDAS!

 

Por Patricio Negrón

El Mapocho 03 de enero de 2009

 

Asistimos actualmente a una campaña orquestada por la prensa oligopólica para menoscabar la calidad de desaparecidos de algunos nombres de las listas de prisioneros acreditados oficialmente. Si se demostrara que hay menos desaparecidos, esto debiera ser tomado como una buena nueva, pues significaría menos dolor para el país, pero en lugar de ello se enloda la memoria de las víctimas al reducir esta tragedia a un problema de recursos económicos, descontextualizando su dramática realidad.

 

Históricamente la Derecha y sus personeros han negado la calidad de desaparecidos de los prisioneros de la dictadura cuyo destino nunca fue ni será aclarado por las FFAA, responsables de su desaparición. El primer intento vino del propio general Contreras, en la época en que era director de la DINA, quien habló de “cementerios de campaña” (1) para explicar porqué hubo prisioneros que no aparecieron más.

 

Los testimonios ante la justicia de los sobrevivientes y sus familiares o amigos, testigos del rapto, han sido la única prueba del paso de estos prisioneros por los centros clandestinos de detención. Los verdugos nunca han reconocido haber participado en los secuestros, torturas y asesinatos. Declaran haber estado en otro lugar el día preciso en que tal o cual detenido fue secuestrado, no recuerdan nada del período en el cual formaron parte de los grupos represivos. Pero las medallas que por su acción innoble el dictador les confirió, en ceremonias secretas al interior de los cuarteles, demuestra lo contrario.

 

Pero no son sólo ellos los responsables de esta maquinaria del olvido que la dictadura construyó durante decenas de años. El personal político de la derecha, el empresariado y su prensa se pusieron al servicio de esta campaña de doble crimen: asesinar a los detenidos una vez y asesinarlos una segunda vez, al desenterrar los restos y lanzarlos al mar, tratando de borrar su existencia.

 

Al comenzar la “transición” a la democracia, transición “oficialmente” terminada durante el gobierno de Lagos, el espinudo tema de las violaciones a los DDHH fue tratado con singular sigilo por la Concertación. Gran parte de los recursos recolectados por la solidaridad internacional destinados a los partidos y fuerzas “democráticas” chilenas, tuvo su origen en el hecho que la dictadura fue sancionada permanentemente por la Asamblea General de la ONU por esta causa.

 

La Concertación se sentía comprometida y, como se hace tradicionalmente en Chile cuando se quiere enterrar un tema, se designa una comisión y pasado un cierto tiempo, ella evacúa un informe y el tema es olvidado. (2)

 

En este caso hubo una diferencia: los familiares y sobrevivientes no estaban dispuestos a olvidar, por lo menos querían saber la verdad y obtener un poco de justicia. Ni lo uno ni lo otro lograron durante los primeros dos gobiernos de la Concertación. Pero una coyuntura exterior, la detención de Pinochet en Londres, volvió a poner el tema bajo los focos de la actualidad. De no haber existido esta acción de la justicia española, Pinochet habría terminado su existencia como un apacible ciudadano, como un hombre que renunció a su calidad de senador vitalicio e incluso derogó el feriado del 11 de Septiembre.

 

La Internacional Socialista reunida en Argentina el año 1999 resolvió que el episodio Pinochet en Londres debía ser resuelto, pues Lagos no debía asumir la presidencia en marzo del 2000 con un elemento desestabilizante a cuestas. Fue así como Blair liberó a Pinochet dos semanas antes del ascenso presidencial de Lagos, bajo la promesa de ser enjuiciado en Chile. (3)

 

Sin embargo, Lagos eludió su compromiso político de procesar al ex dictador declarando que su gobierno “no comenta los asuntos de justicia y que en Chile las instituciones funcionan”. Con su estilo dio “una señal” sobre el tema DDHH, leyendo por cadena nacional el informe de la Mesa de Diálogo (4), es más, invitó a las dirigentes de la AFDD a la Moneda, pero nunca cuestionó la falsedad de las informaciones contenidas en dicho informe. Este “Informe” se burló descaradamente de los familiares que pensaban encontrar cuerpos de desaparecidos en una mina abandonada de Cuesta Barriga, lugar que ya había sido desocupado de los restos por los propios militares, o simplemente entregó datos falsos, como pudo comprobarse más tarde, o entregó información imposible de verificar.

 

Las esperanzas de encontrar la verdad y justicia se postergó nuevamente y prosiguiendo con la política de “mirar al futuro y enterrar el pasado” la Concertación inició un proyecto de acercamiento entre el mundo civil y las FFAA para cerrar las heridas y lograr la mítica reconciliación nacional. La principal artífice de esta política fue la Ministra de Defensa de la época (2002), Michelle Bachelet, quién no sólo aumentó considerablemente el gasto militar, ya históricamente inflado con la retención del 10% de las ventas del cobre de Codelco, sino también con la compra de armamento como jamás en la historia en período de paz Chile acometió: compra de submarinos y fragatas para la Armada, tanques, helicópteros y transporte para el Ejército y decenas de aviones F16 para la Aviación. Esta política de rearme fue denunciada por todos los países vecinos que incluso hoy día solicitan que se suspenda la entrega del 10% de ventas del cobre a las FFAA chilenas.

 

Lo más lamentable de esta política de “reconciliación” es que fue desarrollada sólo hacia los militares. Las víctimas de las violaciones a los DDHH y sus organizaciones fueron completamente ignoradas. Se exhortó a los verdugos a “colaborar” revelando nombres ante la justicia en los procesos abiertos, para ser beneficiados con condenas menores. Huelga decir que este exhorto jamás encontró algún oído disponible.

 

Finalmente, a 30 años del golpe de Estado, la Concertación se preparó a recordarlos con su plan listo: era la fecha ideal para lograr la reconciliación de la “familia chilena” y reunir el mundo militar con el mundo civil. Pero un grano de arena encasquilló la bien aceitada maquina. La opinión pública, sobre todo la juventud que no vivió la UP ni la dictadura quiso saber más, inquirió detalles y poco a poco esta necesidad sumergió al país en una avalancha de documentales sobre el período y de entrevistas a los protagonistas sobrevivientes.

 

Tal fuerza cobró el movimiento que la Concertación debió reconocer que había una desgarradura profunda en el seno de la sociedad que obligaba a pagar un precio: reconocer la violación sistemática de los DDHH no solo sobre los muertos sino sobre la enorme población encarcelada y torturada durante los 17 años de Pinochet, sin hablar del enorme contingente expulsado fuera del país por motivos políticos y económicos.

 

La acción mantenida durante décadas por las organizaciones de víctimas de los DDHH logró al fin algún resultado: fueron reconocidas como interlocutoras junto a las tradicionales organizaciones de defensa de los DDHH, pero no fueron invitadas a participar en la Comisión investigadora de los crímenes de lesa humanidad.

 

En ese contexto nació la comisión Valech que recopiló los casos de prisión política y tortura. Vale la pena destacar que esta comisión reclutó personal “técnico” sin pasado político, es decir, no comprometido en casos de DDHH e hizo su propia definición de tortura en contradicción con la Convención Contra la Tortura, ratificada por el Estado chileno. Pese a todo el resultado del informe fue contundente: se presentaron 35.000 personas de las cuales calificaron 28.000.

 

Pero una vez más, esta Comisión discriminó entre las víctimas: los hijos prisioneros no calificaron por cuanto eran menores de edad al momento de los hechos, había que haber permanecido preso en algún lugar “oficial” durante por lo menos 5 días o tener testigos que lo acreditara. Además, la pésima información y publicidad entregada a la Comisión dejó miles de personas sin presentarse, sobre todo en las zonas rurales y en el exterior, sin olvidar que muchas veces las víctimas debían presentarse a declarar ante los mismos organismos que los habían detenido y torturado anteriormente, lo que los hacía desistir de presentarse.

 

Las medidas de reparación hacia este segmento de chilenos violentado en sus derechos por agentes del Estado es digna de Ripley: Lagos la definió como “austera y simbólica” para luego compararla con el costo de la construcción de una carretera (5).

 

La actual presidenta ha continuado rauda su camino en busca de la tan ansiada reconciliación. Lagos le allanó el camino, pues acordó con el general Cheyre, ex comandante en jefe del Ejército, la impunidad por 50 años para los verdugos cuyos nombres fueron revelados a la Comisión Valech. A esto se agrega la mantención del decreto de auto amnistía de Pinochet de 1978, decreto que los actuales ministros de la Corte Suprema siguen utilizando por cuanto “sigue legalmente vigente” y a partir de allí declarar los delitos como no impugnables o caducados en el tiempo y liberar a los verdugos.

 

Se puede afirmar que la actual campaña de descrédito sobre los desaparecidos se inscribe en una estrategia mayor para lograr no solo la impunidad, sino la liberación de los actuales militares condenados y encarcelados en cárceles especiales, cárceles para prisioneros VIP, financiadas con los impuestos de todos los chilenos.

 

Seamos claros, la Concertación nunca pensó en encausar a los miembros de las FFAA, pues esta fue una de las condiciones que puso Pinochet para entregar el poder Ejecutivo. Si procesos se han abierto ha sido muchas veces por la acción aislada de algún juez con asentadas convicciones morales, (6) por la acción de algunos abogados honestos o porque determinadas coyunturas políticas han obligado al poder concertacionista a intervenir sobre el problema.

 

Cíclicamente estos esfuerzos aparecen como consecuencia de informes de organismos internacionales enjuiciando al Estado chileno por incumplimiento de promesas en este ámbito o ante inminente examen frente a organismos internacionales, como el que enfrentará Chile el año próximo en Ginebra.

 

Resultado de estas reacciones ha sido tomar medidas como la nominación de los jueces designados a tiempo completo en las causas abiertas en tribunales. Es necesario reconocer que estos jueces designados han desarrollado una buena labor, el más emblemático, Juan Guzmán debió abandonar le poder judicial por las presiones recibidas, no sólo de la derecha sino de la propia concertación para “inocentar” al propio Pinochet, que fue reconocido como “demente” por la Corte Suprema para no ser imputado, además de recibir presiones en otros casos, no menos emblemáticos, como la Caravana de la Muerte.

 

Desde hace un par de años las causas de DDHH ventiladas ante la Corte Suprema ven reducidas sistemáticamente las penas que los jueces designados han propuesto y que la Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto en contra de los violadores de los DDHH durante la dictadura (7). La sombra de búsqueda de la impunidad está presente en estas decisiones frente a las cuales la Concertación tiene un slogan: “el gobierno no comenta las decisiones de justicia”. La actual institucionalidad concertacionista sigue atropellando los derechos humanos de los mapuches y de la gran mayoría de los asalariados, entregando los elementos que alertan la comunidad internacional sobre la mantención de un Estado represivo post Pinochet.

 

Hoy día, la derecha, a través de su personal político continúa denostando a las víctimas de los DDHH. Pero esta misma derecha pretende olvidar que ellos fueron cómplices de todos los crímenes dictatoriales, que ellos justificaron la represión, que viajaron al exterior a defender a la junta militar, que su prensa ocultó, deformó y negó las atrocidades cometidas por los violadores e incluso se prestó para montajes publicitarios preparados por lo órganos represivos (8). Destacados dirigentes de los partidos de derecha formaron parte de los 77 que subieron al Monte Chacarillas donde Pinochet los ungió como los nuevos 77 de la batalla de la Concepción. Es más, durante la detención de Pinochet en Londres, la derecha organizó “charters” para viajar masivamente y todos sus dirigentes se sintieron en el deber de presentarse ante el ex dictador para asegurarle su solidaridad y reconocimiento (9).

 

En el terreno político no hay en Chile un verdadero debate sobre la institucionalidad ni sobre el modelo económico neo liberal heredados de la dictadura. Tanto la Concertación como la derecha pinochetista están de acuerdo: mantener la Constitución de 1980 con algunos retoques, como la eliminación de los senadores designados o la subordinación de los Comandantes en jefe al poder ejecutivo, mantener el sistema binominal que les asegura el empate político en dos bloques y mantener lo más alejado posible al Estado de la gestión económica. Ni siquiera con un rol regulador eficiente, pues impediría el libre juego del mercado. Ni hablar de modificar el estatuto del inversionista extranjero o de regular las transnacionales que operan en el país saqueando los recursos naturales y devastando las reservas ecológicas. No hablemos de mejorar los ingresos de los sectores sociales más desposeídos, o de fortalecer la organización sindical, mejorar la salud y la educación pública.

 

He aquí el nudo del problema: la Concertación y la derecha se disputan el derecho de quién es el mejor administrador del actual modelo de dominación y no de cuestionarlo. El tema de los DDHH no ha sido ni será su problema, es más bien un estorbo, una piedra en el zapato en su afán de mantener la confianza de los grandes empresarios. No en vano Hernán Sommerville presidente de la Asociación de Bancos destacó la admiración del empresariado hacia Lagos (10).

 

La conclusión que podemos sacar es que la verdad y la justicia en el campo de los DDHH no fueron ni serán en el futuro más que un tema incidental durante las campañas políticas. La Concertación como nunca antes precisa del voto de este segmento social que tan caro pagó su compromiso con los ideales políticos de justicia social y de búsqueda de una sociedad más humana, encabezado por Salvador Allende.

 

Para el ciudadano común en Chile siempre ha habido dos justicias: la de los ricos y la de los pobres y al parecer llegaremos al bicentenario confirmando cruelmente esta triste realidad.

 

Pero la historia la hacen los pueblos aunque la escriban los vencedores, y esta causa de defensa de los DDHH es trascendente. No acallarán las voces exigiendo justicia ni el tiempo como han esperado los poderosos y sus adláteres concertacionistas, ni el olvido, porque es una causa justa, verdadera, con profundo enraizamiento en el ser social de Chile.

 

Las voces que se levantan para exigir justicia están repartidas en los cuatro rincones de Chile y fuera de Chile, porque los DDHH no fueron violados focalizadamente, sino nacional y masivamente y nadie puede pretender negar la evidencia de las decenas de miles de conciudadanos que padecieron la represión pinochetista.

 

 

Patricio Negrón