Desaparecidos en la Asistencia Judicial

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081230/pags/20081230233906.html

Miércoles 31 de diciembre de 2008

 

Por Jorge Escalante / La Nación

Más de 30 nuevos casos denuncian familiares a esa Corporación

Desaparecidos en la Asistencia Judicial

Se trata de personas que, según sus familiares, desaparecieron después del golpe de Estado y que hasta ahora nadie investiga ni figuran en nóminas oficiales. El abogado Nelson Caucoto prepara una presentación a la justicia.

 

 

En medio de los errores puntuales entre los mil 183 calificados oficialmente como detenidos desaparecidos, surge un nuevo antecedente que podría aumentar esa cifra.

En la Corporación de Asistencia Judicial se han recibido en el último tiempo más de 30 casos de personas que acuden para informar que un miembro de su familia desapareció en 1973 o poco después, durante la dictadura.

Las situaciones varían desde quienes, según los denunciantes, tenían militancia política de izquierda, hasta aquéllos que no la tenían pero sí sus padres. O bien, que el desaparecido nunca tuvo participación política, pero simplemente de él nunca más de supo.

El abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, que se desempeña en esa oficina estatal, se encuentra realizando un orden y sistematización de esta información para que sea investigada por los tribunales.

"No podemos decir si son personas realmente desaparecidas por la represión o por otras razones, pero el hecho es que sus familiares han llegado hasta aquí para hacer la denuncia y por eso vamos a entregar a los tribunales esta información, con una presentación para que la Corte Suprema designe uno o dos jueces que investiguen estos casos", dijo Caucoto a La Nación.

Revisando la larga lista, se trata de personas que, según sus familiares afirman, ejercían, por ejemplo, tareas como asesores menores del Presidente Salvador Allende, algunos dirigentes sindicales, un conscripto del Ejército o ciudadanos hijos de padres activos políticamente en la izquierda antes del golpe de Estado.

Así como también, personas que no tenían ningún vínculo político y que simplemente desaparecieron durante los primeros años de la opresión militar, explicó.

Caucoto sostuvo que "es nuestra obligación como Corporación entregar estos casos a la justicia, pero nos encontraremos seguramente con que, lamentablemente, no habrá ningún juez que pueda hacerse cargo de esta investigación".

El abogado alude al franciscano estado de las indagatorias por las violaciones a los derechos humanos. "Ya no tenemos a los jueces con dedicación exclusiva y sólo hay algunos ministros de Corte a cargo de las causas, pero son jueces que además integran sala y realizan otras múltiples labores en el Poder Judicial".

LA CORTE SUPREMA

El 6 de mayo de 2005, el pleno de la Suprema puso fin al trabajo de los jueces que indagaban exclusivamente los 304 procesos abiertos por delitos de lesa humanidad.

El 25 de enero de ese año, el pleno aprobó una resolución que fijó seis meses de plazo a todos aquellos jueces para terminar sus causas.

El dictamen fue fuertemente cuestionado y produjo la decisión del 6 de mayo, en la que el pleno anuló el plazo de seis meses, pero terminó con la dedicación exclusiva y repartió las causas entre 21 ministros de las Cortes de Apelaciones del país. En Santiago son siete.

"Yo no sé cómo la Corte Suprema va a resolver qué juez o jueces deben indagar lo que vamos a presentar, pero lo claro es que hay que abrir una investigación porque hay denuncias concretas que deben ser aclaradas judicialmente", dijo Caucoto.

Para el abogado, la única manera de enfrentar "con seriedad" estas materias "es apretar el acelerador designando jueces que, de manera exclusiva, se dediquen a indagar en los juicios que permanecen sin sentencia y que alguno de ellos se avoque a investigar lo que vamos a presentar como Corporación de Asistencia Judicial".