Gobierno pide investigar estafa en beneficios a familiares de falsos detenidos desaparecidos

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Gobierno pide investigar estafa en beneficios a familiares de falsos detenidos desaparecidos

Tras detectarse tres nuevos errores en la nómina de detenidos desaparecidos, La Moneda presentará hoy una denuncia en tribunales y ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

por Héctor Rojas | 29/12/2008 - 07:37

Por los posibles delitos de estafa y fraude al Fisco será la denuncia que el gobierno interpondrá para que la justicia indague las irregularidades en la entrega de beneficios previsionales, luego que fueran detectados tres nuevos errores en la inscripción de detenidos desaparecidos.

Se trata de los casos de Emperatriz del Tránsito Villagra, Carlos Rojas Campos y Edgardo Palacios, quienes aparecen en la nómina de víctimas del régimen militar, pero que, tras una investigación del gobierno, se determinó que su muerte o desaparición se debió a otras circunstancias.

Hoy en la mañana está prevista una reunión entre el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y los abogados Juan Pablo Hermosilla y Samuel Donoso, quienes están trabajando desde el pasado viernes en la elaboración de la denuncia.

Según algunas fuentes vinculadas al caso, el escrito será presentado ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y, eventualmente, ante el Cuarto Juzgado del Crimen. También se está analizando hacer la misma presentación ante el Ministerio Público.

Anoche, el gobierno también evaluaba la posibilidad de pedir un ministro en visita que investigue estos tres casos más el de Germán Cofré, dado a  conocer en noviembre.

LOS BENEFICIADOS
La denuncia estará centrada en los casos de Carlos Rojas, quien fue calificado como desaparecido -pero que estaría residiendo en Argentina-, y de Edgardo Palacios, también reportado como desaparecido, pero que falleció en 2006 en calidad de indigente. En estos dos casos, las familias recibieron beneficios previsionales.

En el caso de Emperatriz Villagra, dada por desaparecida tras el golpe militar, pero que realmente falleció en 1955, ninguno de sus familiares obtuvo reparación económica.

La situación más grave es la de los familiares de Carlos Rojas. En 2005, cuando surgieron antecedentes de que estaría vivo en Argentina, el entonces subsecretario del Interior Jorge Correa Sutil ordenó la suspensión de los beneficios previsionales. Sin embargo, este año los pagos se volvieron a realizar.

Este hecho motivó un sumario interno en el Instituto de Normalización Previsional (INP), que aún no arroja resultados. Según algunas fuentes consultadas, aquí podría haber incluso un delito. Los trámites para que Rojas fuera declarado desaparecido fueron realizados por su esposa, Norma Rodríguez Oviedo.

La mujer, que sigue viviendo en Calama, afirma que desde la desaparición de su marido no volvió a saber de él.  "Recién ahora me entero que está vivo. El único antecedente similar que tuve fue hace unos años, cuando me llamaron de Santiago diciéndome que al parecer mi marido estaba vivo", afirma.

Norma agrega que está "enferma" por esta situación, ya que no sabe qué pasará con la pensión que recibe. A raíz de la presunta desaparición de Rojas, ella recibe dos pensiones: una por enfermedad y otra por ser víctima de DD.HH.

Otra versión entrega la ex presidenta de la Agrupación de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos de Calama, Victoria Saavedra, quien dijo que hace tres años se sabía en la zona que Rojas estaba vivo. "Norma no paraba de llorar. Decía que quería viajar a Argentina a buscarlo, pero tenía miedo de que la detuvieran por haber recibido esa plata. Eso decía ella. Yo puedo asegurar que no actuó de mala fe", afirma.

La investigación hecha sobre el caso en 2005, por el gobierno, arrojó que no hubo dolo de los familiares, pues se estimó que realmente ignoraban su paradero. Se pensó en pedir la devolución de los fondos, pero se llegó a la conclusión de que se trató de "una justa causa de error".

En la denuncia que hará hoy el gobierno se pide que sean interrogados todos los funcionarios públicos que participaron en la entrega de los beneficios y los familiares de los inscritos erróneamente como desaparecidos, para verificar las gestiones que hicieron ante las autoridades. También se indagará la actuación del INP.