Chile perseguirá judicialmente falsos casos de detenidos-desaparecidos

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29/12/08

Chile perseguirá judicialmente falsos casos de detenidos-desaparecidos

Hace 12 horas

El gobierno chileno demandó este lunes a familiares de cuatro falsos desaparecidos atribuidos a la dictadura del general Augusto Pinochet que durante años recibieron beneficios de reparación, al tiempo que se mostró favorable a reabrir comisiones destinadas a establecer la verdad histórica.

La Corte de Apelaciones de Santiago designó al juez Carlos Gajardo al acoger la solicitud del Gobierno argumentando que los errores en la nómina oficial de víctimas de la dictadura han generado "profunda conmoción pública". El juez especial indagará si existen más casos de personas que figuran en las listas oficiales pero que hoy están vivas o murieron en otras circunstancias, señaló el subsecretario del Interior, Patricio Rosende. "Este es un tema que requiere rapidez y dedicación exclusiva", señaló.

Hasta ahora son cuatro las personas que erróneamente fueron calificadas de detenidos desaparecidos y que figuran en una lista oficial que cifró en 1.183 los casos y en un memorial levantado en el Cementerio General de Santiago. El primer caso se conoció en noviembre, cuando la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) reveló que Germán Cofré, de 65 años, estaba vivo y residía en Buenos Aires. Oficialmente, Cofré figuraba como desaparecido en 1973 desde un centro de detención de la Fuerza Aérea, al mes siguiente del golpe militar que instaló a Pinochet en el poder. Su familia sabía que estaba vivo y cobró los beneficios asignados a estos casos, cifrados en unos 62.000 dólares en total.

Otros tres nuevos casos se conocieron el fin de semana, tras la investigación abierta por el caso de Cofré. Se trata de una mujer que falleció en 1955 -es decir, 18 años antes del golpe de Pinochet-, y dos hombres, uno de los cuales está vivo y reside en Argentina. La familia de Emperatriz Villagra no ha recibido beneficios del Estado y no estaban claras aún las razones de por qué fue incluida en los listados oficiales.

Los otros dos casos corresponden a Edgardo Palacios, un militante socialista enterrado como indigente en 2006, y Carlos Rojas Campos, quien vive en Buenos Aires. Las dos familias recibieron indemnizaciones. En el caso de Edgardo Palacios su familia se enteró de su paradero en 2006, pero no informó a las autoridades y siguió cobrando los beneficios, mientras que Carlos Rojas fue ubicado en 2005. El gobierno se enteró y ordenó detener los pagos pero éstos siguieron realizándose.

Los casos han causado conmoción en Chile, poniendo en tela de juicio todo el sistema de reparación y verificación de víctimas de la dictadura, que se iniciaron al poco tiempo de terminar ésta en 1990.

En 1991 se divulgó el 'Informe Rettig', que cifró en más de 3.000 las víctimas, entre muertos y desaparecidos, mientras que en 2005 fue redactado el 'Informe Valech' sobre víctimas de torturas y que cifró en 28.000.

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, víctima directa del régimen militar, señaló que no permitirá que se ponga en duda la verdad histórica. "La violación a los derechos humanos es una vergüenza nacional que ha quedado grabada para siempre en la historia de nuestro país y no vamos a permitir que se ponga en duda esta verdad histórica", dijo Bachelet. La mandataria junto a su madre, Angela Jeria, fue detenida y torturada. Su padre, el general de aviación Alberto Bachelet, murió en prisión producto de torturas.

Familiares de víctimas responsabilizaron a las Fuerzas Armadas por no entregar la información y al gobierno por no chequear bien los datos. "Todo se ha hecho mal", señaló la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro. "Es un trabajo totalmente confiable (...) pero las autoridades que mandaron detener, que mataron a la gente, jamás entregaron la información que se requería para tener un trabajo cien por ciento seguro", respondió la asesora presidencial para temas de derechos humanos, María Luisa Sepúlveda.

En medio del debate, el gobierno ratificó su interés en reabrir las comisiones Rettig y Valech, algo rechazado por los familiares de las víctimas, que piden en cambio la reapertura de la subsecretaría de DDHH.