miércoles, 21 de enero de 2009

Comisión de Ética de la cámara baja aplazó veredicto de caso Rubilar



La diputada de RN Karla Rubilar expuso ayer, de manera voluntaria, ante la instancia y argumentó que actuó de buena fe en el caso de las denuncias de falsos detenidos desaparecidos. Foto: UPI


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Miércoles 21 de enero de 2009

 

/ La Nación

 

Comisión de Ética de la cámara baja aplazó veredicto de caso Rubilar

En su defensa ante la comisión, la parlamentaria entregó documentos y archivos de prensa con los que intenta demostrar que el Gobierno pasó a llevar el compromiso de no dar a conocer los nombres de los involucrados.

Cerca del mediodía de este jueves, la diputada de RN Karla Rubilar sabrá si la Comisión de Ética de la cámara baja la sancionará o no por su responsabilidad en la entrega de falsas denuncias sobre casos de detenidos desaparecidos.

Así lo determinó ayer la instancia legislativa, que tras dos horas y media de sesión y de escuchar los alegatos de la parlamentaria -quien asistió de modo voluntario-, estableció que ese día, cuando se reúnan a las 10.45 horas, entregarán un veredicto final.

De ser sancionada, Rubilar recibiría una amonestación escrita y una reprimenda en la sala de la Cámara de Diputados.

En su defensa ante la comisión, la parlamentaria entregó documentos y archivos de prensa con los que intenta demostrar que el Gobierno pasó a llevar el compromiso de no dar a conocer los nombres de los involucrados.

Asimismo, reiteró que Javier Gómez, abogado del ex agente de la DINA, Manuel Contreras, "no es ni ha sido mi asesor ni fuente de ninguna de mis denuncias" e insistió en que actuó de buena fe.

En esa línea, la parlamentaria sostuvo que "siempre mantuve estricta reserva de los casos por respeto a las familias y los nombres los reveló el ministro (portavoz Francisco) Vidal".

Al respecto, ayer el ministro (S) del Interior, Patricio Rosende, llamó a Rubilar a desistir de "su campaña irresponsable, tozuda y sin sentido".

Esto, luego de que la legisladora hiciera públicos algunos mensajes de texto entre ambos para demostrar que la identidad de los involucrados habrían sido filtrada desde el Ejecutivo.

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