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Martes 27 de enero de 2009
Por Leslie Ayala Castro / La Nación
Familiares de desaparecidos formalizaron acción judicial
Presentan denuncia criminal contra la diputada Rubilar
Buscan que el ministro en visita Carlos Gajardo esclarezca los hechos que rodearon el cuestionamiento a víctimas de la violación de derechos humanos en la dictadura. Piden que se cite a declarar a la parlamentaria RN, a Manuel Contreras y Javier Gómez.
Mediante una denuncia criminal, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) oficializó ayer la acción judicial que seguirá en contra de la diputada RN Karla Rubilar, quien denunció erróneamente a supuestos falsos detenidos desaparecidos.
El libelo fue presentado ante el ministro en visita Carlos Gajardo, quien indaga la aparición de falsas víctimas de violación de los derechos humanos, tras la aparición de Germán Cofré, quien fue calificado como tal y después de una década se supo que estaba vivo y residiendo en la ciudad de Mendoza, Argentina.
Esta vez la AFDD quiere que el magistrado investigue la "operación de inteligencia" que se gestó tras conocerse el episodio de Cofré y donde, a juicio de la entidad, actuaron personas inescrupulosas que se unieron para entregar antecedentes erróneos y desvirtuar así la realidad.
La parlamentaria de la Alianza, cuando ostentaba el cargo de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados (luego fue censurada), entregó a La Moneda información que cuestionaba la desaparición de Luis Emilio Recabarren, quien fue detenido junto a su esposa, su padre y dos hermanos en abril de 1976.
Ello a pesar de que el propio ministro Alejandro Solís, quien indaga este episodio, aseguró que no existe ningún antecedente para suponer que él vive en la actualidad.
La acción adoptada por la diputada Rubilar y saber qué intereses están detrás de esto es lo que la AFDD quiere que el juez Gajardo investigue.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación, indicó que con lo ocurrido "ofendieron el natural sentimiento de dolor que se siente tras la desaparición de un familiar".
Esto último en alusión a Ana González, madre de Recabarren, quien se vio muy afectada cuando el nombre de su hijo saltó a la luz como un posible falso detenido desaparecido. La mujer sufrió una descompensación y debió ser internada en el Hospital San José.
EL MAMO Y GÓMEZ AL BANQUILLO
Para esclarecer todo esto, la denuncia criminal patrocinada por el abogado Hugo Gutiérrez solicita la comparecencia de la propia diputada Rubilar.
Asimismo, pidieron que se interrogue al procurador Javier Gómez, quien asesoró a la parlamentaria en su fallida denuncia e integra la actual defensa del general (R) Manuel Contreras, quien está condenado por varias causas de violación de los derechos humanos.
Otro de los citados es el ex jefe de la DINA, de quien se sospecha que estuvo tras esta "operación de inteligencia", pues la tesis de la inexistencia de detenidos desaparecidos la ha plasmado en innumerables ocasiones y más en detalle en su libro "La verdad histórica".
De hecho, Gómez contactó a Bárbara Cepeda para incluir el caso de su padre, Horacio Cepeda, como uno más en la lista de falsos detenidos desaparecidos que Rubilar denunciaría a La Moneda, esto sobre la base de un documento en el que ella aparece declarando ante un notario que cuatro años después de su detención vio a su progenitor en Argentina.
La letra y firma de Bárbara fueron falsificadas, por lo cual se adjuntó el documento para que sea investigado su origen, que hasta el momento sólo estaría en la antojadiza literatura del Mamo Contreras.
La denuncia busca a los responsables de los delitos de asociación ilícita, vejación injusta contra particulares y falsificación de instrumento público.
El ministro Gajardo deberá resolver en los próximos días si se declara competente frente a la acusación y accede a las diligencias.
Sigue polémica por integración de sala penal
Al rojo vivo sigue la polémica por la integración de la segunda sala de la Corte Suprema, lo que la semana pasada significó que dos fallos de derechos humanos tuvieran rumbos totalmente distintos en base a los criterios de prescripción de delitos de lesa humanidad.
Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, calificó la situación como impresentable: “Nos parece más bien un acto de profunda injusticia que la contundencia de lo que fue el terrorismo de Estado y el genocidio dependa de quien componga la sala penal para ver si tenemos justicia o impunidad”.
En tanto, el ex ministro e integrante de la sala penal de la Suprema, Enrique Curi, señaló que una solución podría ser que se unifique la jurisprudencia dentro de los cánones del derecho internacional, previo a una presentación ante el pleno del máximo tribunal.
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