Indignación en Chile por la absolución de represores en el caso de una joven desaparecida

http://www.soitu.es/soitu/2009/01/23/info/1232722229_803477.html

Indignación en Chile por la absolución de represores en el caso de una joven desaparecida

La II Sala Penal del máximo tribunal chileno, resolvió ayer, por tres votos a dos, aplicar la prescripción en el caso de la estudiante de Servicio Social Jacqueline Binfa Contreras, secuestrada y hecha desaparecer por la DINA, la policía secreta de la dictadura.

La joven, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue vista en dos centros de tortura de la DINA antes de desaparecer, según testimonios de supervivientes.

"Nos duele que Jacqueline sea una vez más víctima; ya lo fue de la dictadura, ahora lo es de la propia Justicia, la encargada de protegerla y defenderla de las atrocidades comprometidas en contra de ella", señaló en una declaración la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

"Aquí se ha violado el derecho internacional, esto compromete la responsabilidad exterior del Estado de Chile", afirmó por su parte el abogado Nelson Caucoto.

A su juicio, la resolución "viola toda la jurisprudencia de la misma Corte Suprema en materia de derechos humanos", lo que a su juicio ocurre "porque estamos expuestos a mayorías ocasionales en la Sala Penal".

En el juicio por la desaparición de Jacqueline Binfa, el juez Alejandro Solís había condenado a diez años de prisión al general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA (Dorección de Inteligencia Nacional) y a los ex oficiales Marcelo Moren Brito, Miguel Krasnoff, César Manríquez y Ciro Torres.

El fallo de primera instancia había sido ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Sin embargo, el Supremo consideró prescrita la acción penal y absolvió a los inculpados basándose en normas del Código Penal chilena a pesar de que el derecho internacional, que considera imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad.

Paradójicamente, la misma sala de la Corte Suprema había ratificado 24 horas antes una condena contra el general Contreras y otros represores por un caso muy similar: el secuestro y desaparición del campeón chileno de Ciclismo Sergio Tormen y de Luis Guajardo, otro destacado ciclista.

La diferencia estuvo en la composición del tribunal, que en el caso de Jacqueline Binfa contó con una mayoría, circunstancial, de jueces favorables a la aplicación de la amnistía y la prescripción en los casos de crímenes de lesa humanidad.

Hasta ahora, el máximo tribunal había aplicado reducciones de penas a represores, lo que también generó preocupación entre familiares de víctimas y organismos humanitarios.

Para la AFDD, fallos como el del caso de Jacqueline Binfa "dan a entender que aun falta mucho para que se comprenda que la desaparición forzada de personas es un crimen contra la humanidad, contra las normas del derecho internacional y contra el único derecho que asiste a las víctimas de la dictadura: la justicia".

El abogado Caucoto, en tanto, opinó que el dictamen "deja a la sociedad chilena y a los familiares de las víctimas en total vulnerabilidad".

"Es un fallo que nos vuelve al pasado, pensamos que ya habíamos avanzado en el tema de la aplicación del derecho internacional, pero parece que no es así", dijo por su parte Loreto Sepúlveda, abogada del programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, unos 3.200 chilenos fueron víctimas de agentes del Estado, de los que 1.195 son desaparecidos, según cifras de investigaciones oficiales, que establecieron además que otras 28.000 personas fueron torturadas.

La II Sala Penal del máximo tribunal chileno, resolvió ayer, por tres votos a dos, aplicar la prescripción en el caso de la estudiante de Servicio Social Jacqueline Binfa Contreras, secuestrada y hecha desaparecer por la DINA, la policía secreta de la dictadura.

La joven, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue vista en dos centros de tortura de la DINA antes de desaparecer, según testimonios de supervivientes.

"Nos duele que Jacqueline sea una vez más víctima; ya lo fue de la dictadura, ahora lo es de la propia Justicia, la encargada de protegerla y defenderla de las atrocidades comprometidas en contra de ella", señaló en una declaración la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

"Aquí se ha violado el derecho internacional, esto compromete la responsabilidad exterior del Estado de Chile", afirmó por su parte el abogado Nelson Caucoto.

A su juicio, la resolución "viola toda la jurisprudencia de la misma Corte Suprema en materia de derechos humanos", lo que a su juicio ocurre "porque estamos expuestos a mayorías ocasionales en la Sala Penal".

En el juicio por la desaparición de Jacqueline Binfa, el juez Alejandro Solís había condenado a diez años de prisión al general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA (Dorección de Inteligencia Nacional) y a los ex oficiales Marcelo Moren Brito, Miguel Krasnoff, César Manríquez y Ciro Torres.

El fallo de primera instancia había sido ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Sin embargo, el Supremo consideró prescrita la acción penal y absolvió a los inculpados basándose en normas del Código Penal chilena a pesar de que el derecho internacional, que considera imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad.

Paradójicamente, la misma sala de la Corte Suprema había ratificado 24 horas antes una condena contra el general Contreras y otros represores por un caso muy similar: el secuestro y desaparición del campeón chileno de Ciclismo Sergio Tormen y de Luis Guajardo, otro destacado ciclista.

La diferencia estuvo en la composición del tribunal, que en el caso de Jacqueline Binfa contó con una mayoría, circunstancial, de jueces favorables a la aplicación de la amnistía y la prescripción en los casos de crímenes de lesa humanidad.

Hasta ahora, el máximo tribunal había aplicado reducciones de penas a represores, lo que también generó preocupación entre familiares de víctimas y organismos humanitarios.

Para la AFDD, fallos como el del caso de Jacqueline Binfa "dan a entender que aun falta mucho para que se comprenda que la desaparición forzada de personas es un crimen contra la humanidad, contra las normas del derecho internacional y contra el único derecho que asiste a las víctimas de la dictadura: la justicia".

El abogado Caucoto, en tanto, opinó que el dictamen "deja a la sociedad chilena y a los familiares de las víctimas en total vulnerabilidad".

"Es un fallo que nos vuelve al pasado, pensamos que ya habíamos avanzado en el tema de la aplicación del derecho internacional, pero parece que no es así", dijo por su parte Loreto Sepúlveda, abogada del programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, unos 3.200 chilenos fueron víctimas de agentes del Estado, de los que 1.195 son desaparecidos, según cifras de investigaciones oficiales, que establecieron además que otras 28.000 personas fueron torturadas.